El Senado de la Nación dio luz verde al proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, una pieza clave dentro del esquema económico del Ejecutivo nacional orientada a captar divisas que permanecen fuera del circuito financiero formal.
La iniciativa obtuvo la sanción con 44 votos a favor aportados por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, frente a 23 en contra. Para lograr el acompañamiento de sus aliados, el oficialismo debió ceder en la agenda legislativa e incorporar el tratamiento del proyecto de biocombustibles.
La norma modifica el régimen simplificado de Ganancias al eliminar el tope patrimonial de 10.000 millones de pesos que regía como restricción de ingreso.
No obstante, el texto final aprobó la exclusión explícita de funcionarios públicos: no podrán adherir al beneficio el Presidente de la Nación, ministros, jueces ni legisladores, extensivo a quienes hayan desempeñado esos cargos en los últimos cinco años.
Cruces por la evasión y la protección de ahorros
Durante el debate, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo que la fuga de divisas hacia circuitos informales obedeció a la pérdida de confianza en el Estado, al que definió como un «enemigo del ahorro» por recurrir históricamente a expropiaciones, hiperinflación y restricciones cambiarias para apoderarse de los recursos de los contribuyentes.
En contraste, el titular de la bancada Justicialista, José Mayans, cuestionó con dureza el espíritu de la iniciativa al señalar que no genera ningún beneficio para la clase trabajadora, jubilados o sectores vulnerables.
Desde la oposición criticaron que la medida actúa como un blanqueo encubierto que favorece la justificación de incrementos patrimoniales no declarados y relaja los controles sobre el origen de los fondos.