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El Senado aprobó la reforma del BCRA y el proyecto vuelve a Diputados

Con una votación de 46 votos a favor y 22 en contra, la Cámara de Senadores le dio luz verde al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Sin embargo, al haberse introducido modificaciones al texto original enviado por el Ejecutivo y aprobado en la Cámara Baja, la iniciativa deberá regresar a Diputados para su revisión final.

El apoyo al proyecto estuvo encabezado por La Libertad Avanza junto al PRO y la UCR, sumando el acompañamiento de bloques provinciales e independientes como Convicción Federal, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Independencia y La Neuquinidad. En tanto, el rechazo en general provino de forma unánime del interbloque Popular.

El cambio principal incorporado en la Cámara Alta se centró en los mecanismos institucional de la entidad: se fijó un mandato de seis años para el presidente, vicepresidente y directores del BCRA, estableciendo que tanto la designación como la remoción de sus autoridades requiera la aprobación del Senado por mayoría absoluta.

Esta modificación fue respaldada en la votación en particular incluso por sectores del bloque Justicialista, el Frente Cívico Santiagueño y Justicia Social Federal, dejando un blindaje de mayoría calificada que condicionará el tratamiento en la Cámara de origen.

Entre las transformaciones centrales de la norma, la ley establece como misión exclusiva del BCRA la preservación del valor de la moneda nacional, eliminando las metas múltiples introducidas en 2012.

Además, se prohíbe de forma explícita que la autoridad monetaria financie al Tesoro Nacional, la entrega de adelantos transitorios y la compra de títulos públicos en el mercado primario, excluyendo también la participación del ministro de Economía en las reuniones de Directorio.

Durante el debate, legisladores del oficialismo resaltaron que la iniciativa busca poner fin a dos décadas de emisión para cubrir el déficit fiscal y brindar estabilidad macroeconómica de largo plazo.

Por su parte, los discursos de la oposición cuestionaron la efectividad de la reforma frente al contexto económico actual, señalando objeciones al uso de reservas y a la pérdida de funciones regulatorias orientadas al desarrollo productivo y el empleo.

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