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Con un temario que sufrió importantes modificaciones tras el retiro del capítulo sobre la extranjerización de tierras y el apartado sobre barrios populares, el Senado se reúne en sesión ordinaria para discutir el dictamen de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La propuesta oficialista, que encabeza la senadora Patricia Bullrich en la bancada del espacio gubernamental, llega al recinto en medio de un clima de tensión social y reclamos en las inmediaciones del Congreso.
El proyecto original pretendía habilitar la venta de hasta un 25% de tierras rurales a capitales extranjeros, punto que fue descartado ante las objeciones planteadas por gobernadores de distintas provincias y organizaciones de la sociedad civil. De igual modo, la presión eclesiástica e institucional derivó en la eliminación del tramo que flexibilizaba las condiciones en asentamientos y barriadas populares.
Las modificaciones al Código Civil y Comercial que permanecen en el articulado apuntan a acelerar los procedimientos judiciales ante situaciones de ocupación. La iniciativa incorpora un esquema de restitución inmediata que habilita a los magistrados a intimar la devolución de los bienes en un plazo de 72 horas, siempre que la parte querellante acredite la titularidad mediante prueba documental. En el ámbito del alquiler comercial y residencial, para los casos de mora se fija un término previo de 10 días corridos mediante carta documento antes de iniciar el reclamo judicial.
El texto en debate contempla a su vez cambios a la Ley de Manejo del Fuego, derogando la restricción que impedía modificar el uso del suelo durante 30 años en terrenos agropecuarios o pastizales afectados por incendios. En materia de expropiaciones, fija criterios restrictivos para la fundamentación de utilidad pública y establece un tope del 30% en los resarcimientos por lucro cesante. Paralelamente, actualiza la normativa sobre regularización dominial para familias con tenencia pública y continua durante una década.
En forma previa a la discusión del articulado, la Cámara alta debe definir la convalidación de las solicitudes de participación remota presentadas por la senadora Anabel Fernández Sagasti y el senador Flavio Fama. Aunque ambas peticiones cuentan con el aval formal emitido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, la modalidad de asistencia virtual exige la ratificación del pleno en el recinto.
En el exterior del Palacio Legislativo, diversas agrupaciones sindicales, gremiales y movimientos sociales llevan adelante una jornada de manifestación en rechazo al tratamiento de la norma, lo que genera interrupciones en la circulación vehicular y alteraciones en el servicio de transporte del área céntrica.
