El Senado aprobó este jueves un proyecto que modifica el uso y régimen de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), limitando su vigencia y alcance.
La iniciativa, impulsada por bloques opositores y con respaldo transversal, establece que todo DNU deberá ser ratificado por ambas Cámaras del Congreso “con mayoría absoluta” en un plazo de 90 días corridos. De lo contrario, quedará automáticamente derogado.
Además, si una sola Cámara lo rechaza, el decreto también caerá, salvo los derechos adquiridos durante su breve vigencia.
El proyecto obtuvo 56 votos afirmativos, 8 negativos y 2 abstenciones, y ahora será debatido en Diputados, donde se anticipa un posible veto presidencial.
La reforma también prohíbe los decretos “ómnibus”: cada DNU deberá referirse a una única materia, evitando la acumulación de temas diversos en un solo texto, como ocurrió con el polémico DNU 70/23 de desburocratización del Estado.
Las intervenciones en el recinto
Durante el debate, la senadora Alejandra Vigo (Córdoba), presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que “los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes” y que esta reforma busca “atenuar el presidencialismo exacerbado que se consolidó tras la reforma constitucional de 1994”.
Desde la UCR, Pablo Blanco celebró el fin de “una pésima costumbre que varios gobiernos han tenido sobre el uso y abuso de los DNU”, mientras que la peronista Florencia López reivindicó el rol del Congreso: “Si hoy no votamos esta reforma, no somos dignos de volver a nuestras provincias”.
Uno de los discursos más filosos fue el de Lucila Crexell (Provincias Unidas), quien denunció que los DNU fueron “metidos por la ventana” en 1994 y que la ley 26.122, impulsada por Cristina Kirchner en 2006, “exacerbó el presidencialismo autoritario”.
Anabel Fernández Sagasti subrayó: “El Poder Ejecutivo de Milei, como ningún otro desde la reforma de 1994, se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho. Desde ese momento, la Argentina cayó por un tobogán de descenso institucional que parece no tener piso”.
Desde La Libertad Avanza, el jefe de bancada Ezequiel Atauche defendió el uso de los DNU como herramienta legítima en contextos de minoría parlamentaria y advirtió que “le quieren quitar al presidente una herramienta clave”.
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A los cinco votos oficialistas se sumaron para respaldar al Gobierno Carmen Rivero, Paoltroni y la senadora libertaria Vilma Facunda Bedia, ausente en la primera votación.
Las abstenciones fueron de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden a Rovira.
Entre las ausencias destacaron varios radicales que estaban presentes en el recinto: Carolina Losada, los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, y el chaqueño Víctor Zimmermann. En esta votación sí pesaron las alianzas electorales.
El proyecto que ahora debe discutirse en Diputados limita una de las herramientas favoritas del presidente: los Decretos de Necesidad y Urgencia.
En la cámara baja el gobierno podrá estirar los tiempos. La iniciativa debe girarse a la Comisión de Asuntos Constitucionales que se ocupa de paralizar el libertario Nicolás Mayoraz.
La definición ahora queda en manos de Diputados. Si se convierte en ley, marcará un giro institucional profundo: el fin de la sanción ficta, el refuerzo del control parlamentario y el cierre de una etapa de gobierno por decreto que ha atravesado múltiples gestiones.
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