Resistida por las entidades rurales de todo el país, por el riesgo sanitario e incluso económico que puede conllevar, el Senasa reglamentó la libre elección de veterinarios para vacunar contra la aftosa y la brucelosis bovina. Una iniciativa dictaminada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que puede traer consecuencias económicas y sanitarias.
El organismo había evitado referirse anteriormente a su resolución 201/26 y esperó hasta último momento para publicar su reglamentación y ponerla en marcha de inmediato. A partir de este viernes, y por un plazo de dos meses, los productores podrán elegir al veterinario privado que vacunará en las campañas de lucha contra la aftosa y la brucelosis del año próximo.
La medida, impulsada por el exministro de la Alianza y el macrismo y que no fue consultada ni debatida previamente con el sector, salió publicada en el Boletín Oficial como disposición 27/2026 de la Dirección Nacional de Sanidad Animal.
La decisión habilita la participación de vacunadores privados y quita del centro el rol de los entes sanitarios y fundaciones, que hasta ahora eran los únicos que coordinaban las campañas en cada establecimiento ganadero del país.
El sistema, ahora en riesgo, permitió a Argentina sostener su estatus sanitario tras el último brote de aftosa y asegurar la cobertura en cada planteo, desde los más chicos hasta las grandes extensiones.
Según el Gobierno, su desregulación es una forma de reducir costos y dar mayor libertad a los productores, pero desde las propias entidades advirtieron que los argumentos son erróneos y se desarticulará un sistema que funciona bien.
Los veterinarios privados
Desde ahora, cualquier establecimiento podrá elegir libremente a un veterinario privado acreditado para comprar, conservar y aplicar las vacunas. Para eso, deberá informar al Senasa, mediante el sistema SIGTrámites, con plazo hasta el 15 de diciembre.
Si opta por un veterinario privado, cada establecimiento deberá completar un formulario específico que tendrá carácter de declaración jurada. Luego, el profesional deberá aceptar o rechazar la designación por el mismo sistema de autogestión, un proceso en el que no intervendrá el Senasa. El compromiso podrá darse de baja en cualquier momento, y, si se quiere cambiar de profesional luego de la ventana habilitada, deberá informarse en la oficina local del organismo sanitario.
“El productor que no comunique fehacientemente la designación de un veterinario privado acreditado por parte del titular del Renspa, se mantendrá asociado por defecto al Ente Sanitario correspondiente al plan local de vacunación antiaftosa de la jurisdicción en la que se encuentre registrado”, aclara la disposición.
Quienes almacenen vacunas antiaftosa o antibrucélica, tanto para uso propio como para terceros, deberán declarar sus instalaciones ante Senasa, y tendrán que informar su ubicación, infraestructura y modalidad de funcionamiento.
El reclamo de PBA
La medida viene siendo resistida. A fines de agosto la Comisión Provincial de Sanidad Animal de la provincia de Buenos Aires (Coprosa) resolvió elevar una moción al Senasa para que revea dicha medida y consulte con el sector rural los cambios pensados.
Ya en julio, 16 Sociedades Rurales del Sudeste de Buenos Aires habían reiterado su rechazo a la Resolución 201/2026 del Senasa, ante la ausencia de una respuesta formal del organismo al documento presentado por CARBAP, donde se advertía que el cambio normativo podía comprometer la estructura sanitaria que sostuvo las campañas durante más de dos décadas.
Como sucedió con otras decisiones del Senasa, no hubo consultas previas ni debates. Desde entonces, fueron muchos los pedidos formales al organismo para que diera marcha atrás con su decisión de desregular un modelo que funcionó con altos niveles de cobertura y que permitió sostener el estatus de “país libre con vacunación”. Y recordaban la Resolución 368/2011, durante el gobierno de Cristina, que ya contemplaba la intervención de veterinarios privados, pero dentro del marco organizativo de los entes.
“Esta nueva norma atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el Senasa, que deben realizarse en tiempo y forma para lograr una inmunidad en bloque”, expresaron las entidades de forma conjunta en un comunicado de prensa.
El sistema de entes nació tras la crisis de 1999, cuando la suspensión de la vacunación derivó en un brote generalizado y fuertes pérdidas económicas. Desde entonces, las campañas se realizaron de manera ordenada, con inmunidad en bloque y con un principio de solidaridad que garantizó un costo uniforme para todos los productores, independientemente del tamaño de sus rodeos. «Ese esquema fue la base para recuperar y sostener la condición sanitaria que habilita el acceso a los mercados internacionales», afirmaron.
Las entidades rurales también advierten que la libre elección de veterinarios atomiza la operatoria, dificulta la auditoría del Senasa y vuelve inadministrable la trazabilidad de las campañas, incluida la cadena de frío de las vacunas.
A la vez, introduce incertidumbre financiera: los entes ya no podrían elaborar presupuestos porque desconocerían cuántos animales atenderán ellos y cuántos quedarán en manos de veterinarios privados. Esta situación pone en riesgo la continuidad de muchas organizaciones y compromete la capacidad de sostener un sistema que históricamente se financió con aportes de los propios productores.
Durante la última reunión que mantuvo la Coprosa -integrada por el ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA), Federación Agraria Argentina (FAA), Carbap, Coninagro, el Senasa y las Regiones Sanitarias 1, 2, 3 y 4-, el titular de la cartera bonaerense de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, cuestionó que durante el debate no se hayan presentado argumentos que permitan demostrar una mejora sanitaria a partir de la nueva normativa y fue rotundo con la decisión del Senasa.
“La verdad que acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201 –expresó–. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar. Si ponemos el eje en los aspectos sanitarios, acá no ha habido ninguna argumentación a favor de que esto mejora en este sentido”.