Claudia Lassaletta recordó que en 1985, cuando fue a dar su testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de Jujuy, preguntó por las mujeres y los hombres que había visto en la cárcel durante su detencion: “Me dijeron que yo era la única que vivía, que los demás estaban muertos o desaparecidos; a partir de ese momento, sentí lo peor de todo: la culpa de estar viva».
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N.° 1 de Jujuy, por la presidenta Fátima Ruiz López y los vocales Daniel Morín y Federico Díaz, junto al cuarto vocal suplente, Marcelo Juárez Almaraz, está ventilando las causas “Álvarez de Scurta Dominga”, sobre el secuestro y el asesinato de la docente, y “Giribaldi, Osvaldo y otros”, una acumulación de causas donde se investigan seis casos de desaparecidos: el sindicalista Giribaldi, Jaime Lara Torres, María Alicia del Valle Ranzoni, los hermanos Juana Francisca Torres Cabrera y Pedro Eduardo Torres Cabrera y el abogado Jorge Turk Llapur.
En este juicio hay seis procesados por secuestros, torturas y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la represión desplegada en la última dictadura: el ex interventor del Servicio Penitenciario, Antonio Orlando Vargas, y los guardiacárceles Carlos y Ricardo Ortiz (hermanos), Mario Gutiérrez, Herminio Zárate y César Díaz.
También estaba procesado Luciano Benjamín Menéndez, exjefe del III Cuerpo de Ejército y máximo responsable de las operaciones represivas en la región, pero fue apartado del juicio por la gran cantidad de causas que tiene abiertas por delitos similares.
Lassaletta fue detenida por la policía de la provincia en mayo de 1976. En la sala de audiencias instalada en la sede del Colegio de Abogados, reconstruyó los primeros momentos de su cautiverio, cuando fue alojada en el Centro Clandestino de Detención (CCD) que funcionaba en la Central de Policía: “Cuando escuché la voz de mi marido, que había ido para sacarme, un cana me puso la pistola en la cabeza y me hizo seña de que haga silencio”.
La mujer, que es una reconocida artista plástica, reveló ante el tribunal que durante su traslado al penal de Villa Gorriti vio a Dominga Álvarez de Scurta, a Jorge Turk Llapur y a Jaime Lara, entre otros tantos detenidos desaparecidos de Jujuy. También pudo ver a la docente Marina Vilte, por aquel entonces dirigente de la CTERA, que también permanece desaparecida.
Recordó un día de mayo de 1976, durante la madrugada, en que llegó a su casa un grupo de efectivos de la policía de la provincia a cuyo mando estaba el entonces jefe policial Ernesto Haig. Mientras ella se vestía, el represor dijo, viendo a sus dos hijos dormir, “estoy buscando dos así”, a lo que la mujer repondió: “Esos son míos y no los toque”.
En el CCD de la Policía pudo ver a Jorge Turk Llapur en un estado angustiante, que hablaba con su esposa Elena Mateos, quien declaró ayer, y con su hija de tres meses de edad. Lassaletta evocó: “Como si fuera una despedida; esa imagen se grabó en mi cabeza y pensé que lo mismo podía vivir yo en poco tiempo”.
Al momento de su detención, la mujer esperaba un bebé. En una oportunidad tuvo una pérdida, pero fue asistida por un médico y pudo llevar su embarazo a término. Fue cuando nació su hija.
También prestaron declaración testimonial cuatro exintegrantes del servicio penitenciario, tres hombres y una mujer. Carlota Batallanes informó que prestó servicios desde 1968 hasta 1990, cuando se jubiló. Aseguró que el día del golpe de estado cumplía tareas administrativas en la subdirección de la cárcel jujeña, y que vio a su jefe, el subdirector del penal, Antonio Bellido, preso, detrás de una ventana con barrotes.
Señaló que a partir de entonces los militares que habían intervenido el servicio penitenciario “no nos dejaban mover de las oficinas”, y recordó que al día siguiente “tuvieron que hacer un pabellón para mujeres, que eran presas políticas”. Recordó a una de ellas “que tuvo una hija en cautiverio, y que las otras internas a la criatura le decían Poti”. Aquella detenida era hija de Jorge Weisz, un sindicalista detenido-desaparecido del Ingenio Ledesma, su mujer Dora de Weisz, que también estuvo detenida y se fue exiliada.
Consultada sobre si conocía a otras detenidas-desaparecidas, dijo no recordar nombres, salvo que le sonaba el de Alicia Ranzoni, pero dijo no saber nada de Juana Torres Cabrera, Dominga Álvarez de Scurta y otras más.
Confirmó que dos de los procesados, los hermanos Carlos y Ricardo Ortiz, eran jefes de seguridad interna y externa.
Luego declaró Ernesto López, quien prestó servicio desde 1974 a 1990, quien también reconoció las funciones que cumplían los Ortiz dentro del penal jujeño, y Luis David Cancino, quien admitió que hubo revuelo en el penal por la intervención militar de la cárcel, que estuvo a cargo de Antonio Orlando Vargas.