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La justicia provincial dispuso una multa diaria de 80 mil pesos contra el presidente del Concejo Deliberante de La Quiaca, Hugo Barro, por incurrir en desobediencia judicial. La penalización económica se aplicará sobre el patrimonio personal del legislador y se mantendrá vigente de manera efectiva hasta que dé cumplimiento al fallo que ordena incorporar inmediatamente a la concejal opositora Marcela López.
La medida responde al persistente incumplimiento de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de Jujuy a mediados de diciembre pasado. Aquella resolución obligaba al cuerpo legislativo fronterizo a tomarle juramento y habilitar la banca de la edil, una orden que fue sistemáticamente dilatada por las autoridades del deliberante.
Conflicto institucional y reclamo en la vía pública
La controversia generó un fuerte desgaste en el funcionamiento institucional de la comuna norteña. Ante el bloqueo para ingresar al recinto, la concejal damnificada decidió visibilizar la maniobra política instalando un gazebo sobre la vereda del edificio del Concejo Deliberante, espacio desde el cual atiende a los vecinos y desempeña sus tareas diarias.
Con esta intimación financiera, la justicia busca destrabar la parálisis legislativa en la ciudad fronteriza. La presión económica contra Barro coincide además con el ingreso del conflicto al ámbito de la Legislatura provincial, donde se analiza la gravedad de la situación institucional del parlamento quiaqueño.
