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El Tribunal en lo Criminal N°3 tratará de reanudar la audiencia de la causa Pibes Villeros, que este martes fue suspendida por la internación de Milagro Sala en el hospital “Pablo Soria”, desde las 14.30 horas.
En esta audiencia, intentará, de no mediar inconvenientes, iniciar la etapa testimonial, donde podrían prestar declaración indagatoria la diputada, ahora de Cambia Jujuy, Mabel Balconte, quien está procesada, en libertad por sus fueros, por los delitos de Asociación Ilícita, Extorsión y Fraude a la Administración Pública. También ejercerían el derecho a hablar los hijos imputados de la legisladora ex Fuyo, Raúl y Juan Aguilera y el ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo, Lucio Abregú. En esta jornada, se espera que algunos ex cooperativistas que denunciaron a Milagro Sala, sostengan la acusación.
Luego de la confirmación que las juezas, María Alejandra Tolaba como presidente de trámite y las vocales, Cecilia Sadir y Ana Pérez Rojas, no quieren dar publicidad a los actos del proceso judicial, la dirigente social y principal acusada Milagro Sala gritó al ingresar al Vélez Sarsfield “los periodistas tienen que trabajar y eso no es justo, que prohíban la entrada a la prensa al juicio, que tiene que ser justo”.
Los hechos
Según el Fiscal de Investigaciones Penales N°1, Diego Cussel (habilitado), da por acreditado, basado en los testimonios que figuran en el expediente, que Sala ha dirigido, organizado y ordenado el accionar colectivo de un grupo de personas pertenecientes a la organización social Tupac Amaru, mediante el despliegue de medios intimidatorios, utilizando el esquema de actuación de la misma y subvirtiendo la figura jurídica de las cooperativas de trabajo reunidas en dicha organización, mediante la desnaturalización con el objetivo inequívoco de defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas.
En ese sentido, en la acusación fiscal, se afirma que la defraudación fue perpetrada en perjuicio de la administración pública provincial, pues el erario público, se vio disminuido y no se pudo llevar a cabo en su integridad el programa “Mejor Vivir II”, debido a que la organización de recursos suscitada por Milagro Ángela Sala y acordada con los integrantes de la Asociación, tenía por objeto el apoderamiento ilícito de recursos dinerarios del Estado que superaban los 60 millones de pesos.
