Por la diputada Alejandra Cejas (Frente de Todos-PJ). A raíz de los sucesos de este fin de semana, decidí analizar y comparar los protocolos sobre los decesos y la situación de las familias del difunto/a, en un momento tan doloroso como la despedida de un ser querido. Situación que algunas familias jujeñas están viviendo, en ocasión de la pandemia del Covid-19.
Debemos aclarar, previamente la situación a nivel legal, que rige en el momento del deceso (fallecimiento) de una persona, que está regida por las garantías emergentes de la constitución nacional y provincial y por el Código Civil, como legislación de fondo. Y que no puede ser modificada por norma de rango inferior o provincial, como se pretende en las situaciones que hemos observado en Jujuy.
La Organización Mundial de la Salud – OMS – en menos de dos páginas, expresa las recomendaciones para los casos de decesos de las personas, en el contexto de pandemia. Afirma que la decisión de quien va a ver el cadáver deberán tomarla los propios dolientes, que los familiares que van a reconocer al familiar, estén acompañados por profesionales que brinden un soporte emocional, ofrecer privacidad y respeto, acompañamiento del estado hasta el lugar del entierro, la contención, las mínimas condiciones de comodidad y atención humana. También se debe favorecer la rápida tramitación de la documentación que se requiera, las mínimas condiciones de comodidad, en suma, garantizar la atención humana.
La OMS, también contempla las consecuencias psicológicas de gestionar el duelo sin despedida, ya que la perdida inesperada de un ser querido genera dolor y angustia por el impacto emocional que genera. Primero incredulidad, angustia, irritabilidad, impotencia y un sentimiento de injusticia, tristeza sin fin. Si a esto se le suma un proceso “de no despedida” se dificulta asumir la nueva situación de vivir sin la persona fallecida. Romper con el proceso de despedida en vida si es posible, durante el velatorio y la última despedida en el entierro o incineración, acompañado por familiares y amigos, que en este sistema de ASPO. Por ello es que el proceso de despedida es inconcluso, que dificulta el inicio del duelo.
En Argentina, el Protocolo de personas fallecidas por Covid-19 deben ser considerados cadáveres del Grupo II, según el Ministerio de Salud de la Nación, por riesgo de contagio y transmisión. Sigue a su vez las recomendaciones de la OMS, debe permitirse el acceso de los familiares para una despedida sin establecer contacto físico con el cadáver, las normas de bioseguridad similar a quienes manipulan a los cuerpos, por el potencial de contagios.
Se establece las pautas a seguir por el tipo de bolsa plástica de alta densidad para resguardar al cadáver, con cierre hermético, debidamente identificado, que resista la presión de los gases del cuerpo, estanqueidad e impermeabilidad, luego pulverizado con desinfectante o hipoclorito de sodio. Establece el cuidado de quienes manipulan los cadáveres y el espacio donde deberá ser enterrado, cremado o si debe salir al exterior.
En Jujuy, el caso relatado por Paula Robles Avalos, quien vivió el fallecimiento de su abuelo Virgilio, en absoluta soledad o el caso de la familia Vargas, que tuvo que despedir falsamente a Don Marcelino Vargas (la última vez que le informaron que había fallecido, no encontraban el cuerpo, lo que les hacía suponer a las hijas que razonablemente no había fallecido) también desnudan la situación del enfermo. La pregunta obligada, es como pasan los últimos días una persona que debe afrontar la inminencia de la muerte en soledad, con un equipo de salud, que debo decirlo en Jujuy, no dudo de la empatía o acompañamiento, pero transitar una enfermedad de estas características sin nuestros seres queridos a nuestro lado, debe ser un calvario.
Frente a esto, surge el protocolo propuesto por la Diputada Mara Ferreyra, acompañada por el Bloque del Frente de Todos – PJ, que contempla los aspectos emocionales y sanitarios para preservar al enfermo, a la familia y a los equipos de salud.
Destaco un protocolo que lo están presentando desde el Colegio de Antropólogos de la nuestra provincia, con arraigo en las costumbres y que debería haberse considerado desde el inicio. Los ritos fúnebres en Jujuy, son distintos dependiendo de la región y arraigo cultural y preexistente. La forma de despedirnos de nuestra gente varía de acuerdo a nuestra pertenencia religiosa o comunitaria. No quiero entrar en el tema de las comunidades originarias, fueron totalmente olvidadas en esta pandemia, a pesar de haber sido víctimas de contagios, sobre todo las comunidades vinculadas a las mineras.
Finalmente, debo analizar el protocolo de la provincia de Jujuy, presentó un protocolo de “Gestión de Cadáveres”, a través del Ministerio de Ambiente (parece que consideran que los cadáveres son residuos) y modificado por el COE. Sólo lo publicó un medio gráfico y allí se encuentra completo, con sus 16 páginas, el 28 de agosto pasado, con todo el proceso de tratamiento del cuerpo, preparación, traslado, con recomendaciones para todos, funerarias, cementerios, deudos.
El estado se autoimpone, como reza el protocolo la gestión de los cadáveres, de forma ordenada, organizada y precisa, para evitar los problemas de logística y salubridad. Desde el lugar de deceso hasta su “disposición final”. Insisto, la terminología, es de los residuos. Un cuerpo, es la continuación de la emanación de la personalidad, más allá de la muerte y hasta el correcto entierro o cremación, está protegido por la legislación argentina.
Incluso en su versión original, habían previsto la obligatoriedad de la información de los pacientes ingresados con una pulsera magnética en la que consten todos los datos “hasta la entrega al servicio de sepelio”. La particularidad del protocolo que adoptan en Jujuy, es que no permiten la identificación del cuerpo, cosa que es ilegal, incluso los protocolos internacionales o nacionales lo permiten expresamente, con los cuidados que se requieren. El estado, no cumple con pautas éticas o jurídicas en este aspecto.
La único que validan la identidad del fallecido son los centros de salud. Es decir que el problema surgió en el HosCam, en el caso de la Marcelino Vargas, que debió preparar el cuerpo hasta el momento que lo retire el servicio de sepelio y verificar tal situación. Todo esto forma parte de consentimientos que hacen firmar a pacientes y familias, no sabemos si en todos los casos.
El negocio de la muerte
El protocolo es de Gerardo Morales, aunque adjudique culpas a terceros. Y la empresa fúnebre pertenece a un conocido militante del partido radical, que formó parte de los convencionales del 2016 del Partido Radical, junto con los popes del poder de Jujuy. Quizás esta situación explique el seguro de vida obligatorio del Instituto de Seguros de Jujuy, entre otros temas que se podrían explicar sabiendo la “matriz” de este negocio de sepelios. Raro que no nombró a la empresa o al dueño, compartió lista partidaria, lo conoce bien. Si decidió nombrar y dirigir su habitual enojo a representantes de la oposición. Parece que a los nombres de la oposición los conoce, los de sus correligionarios se le olvidan. Olvido selectivo del Gobernador Morales, odio también selectivo. Y eso que el mismísimo Gerardo Morales encabezó la lista partidaria. Me refiero al Señor, empresario Gustavo Aimí.
Este señor Aimi, es su vez, yerno del Señor García Goyena, a quien le gusta que se “arrodillen los medios” y que tiene por los menos a 5 hijas y 2 yernos cobrando del estado. El nepotismo no es solo de Gerardo Morales, quien alienta a sus seguidores a hacerlo. Claro la plata es de los jujeños. Quién es desnudado en audios tan claritos, como el Señor García Goyena, apretando a medios de comunicación, en su rol de funcionario del gobierno merece el repudio social hasta tanto la justicia deje de mirar para otro lado. Otro tema que la justicia deberá rendir cuentas. Pero volvamos al Sr. Aimi quien es su yerno.
La empresa se llama Servicios Sociales Norte y casualmente firmó con el Instituto de Seguros de Jujuy, para hacerse cargo del servicio de sepelios, por el seguro compulsivo que fijó unilateralmente el gobierno, y que recauda anualmente $ 121.928.330. Esto me lleva a pensar, cuanto de eso llega a este Señor, y porque se contrató unilateralmente a esta empresa y no otras. Ni hablar de lo compulsivo del cobro que no tiene fundamento legal.
Además, este señor AIMÍ, es el proveedor de Servicios de Sepelios, de cajones justamente, para el Ministerios de Desarrollo Humano, por $ 3.000.000 en el 2019. El expediente es el 767- 2104/19, rubricado por la Dirección de asistencia directa. También vende chapas y alfajías, y figuran en el Expediente 767 – 2111/19 y le vendió al Ministerio de Desarrollo Humano, chapas y alfajías por $ 7.000.000, ¿para que se usan?. Le pagaron $ 30.000.000 en concepto de elementos para el plan de contingencia, colchones, camas y roperos, según se tramitó en el 767 – 2110/19. En el 2019, el Ministerio de Desarrollo Humano, realizó diez “concursos de precios”, el Sr. Aimi, ganó tres, buena racha, casi $ 40.000.000 en el 2019, sería completa la racha si no hubiese repartido con la empresa Trebejo, pero esa es otra historia.
Pero esto no termina aquí, ya que a su vez la “licitación” de $ 30.000.000 del 2019, que beneficia al Señor Gustavo Aimí, que tiene variada actividad, también beneficia a la Empresa El Trebejo SRL, cuyos socios fueran denunciados por participar de licitaciones truchas en Salta, por la venta de camas cuchetas y otros. Obvio, en Jujuy no existen las licitaciones, aquí se adjudican directamente. Raro, una empresa con dueños salteños, de reciente conformación, que no se la conoce sólo por venderle al Gobierno de Jujuy. En Salta no participa en licitaciones.
No entro en los conceptos dinerarios que recibió en 2018 o 2020, porque después de estas líneas, seguramente el Gobernador va a salir en el COE a informar, los expedientes, los concursos, las OP – Ordenes de pago, la cantidad monstruosas de chapas, camas, colchones o la situación de la contratación en el Instituto de Seguros de Jujuy y todo el dinero que le entrego la provincia. O mejor aún, podrían usar el COE para informar porque ninguna de estas adjudicaciones directas tiene decreto o resolución publicada en el Boletín Oficial de Jujuy. Pero ya sabemos que el estilo del Gobernador Morales no es rendir cuentas a nadie. Menos de las contrataciones directas que hace con sus funcionarios, sin procesos de transparencia o rendiciones de cuentas posteriores.
Volviendo al tema de los protocolos, los derechos individuales, son indisponibles, aún en la etapa final de nuestras vidas, depende de nuestra última voluntad, en caso de no dejar expresas instrucciones, lo hacen nuestras familias, el Código Civil rige en particular, ninguna norma inferior puede disponer lo contrario. Reitero la falta de identificación y certeza del fallecimiento de una persona, es contraria a la ley de fondo. No depende de un papelito de algún funcionario provinciano que cree que puede administrar a su antojo la vida y la muerte.
El Gobernador Morales, es hábil en adjudicar culpas, a la empresa fúnebre o a la oposición, cuestión totalmente falsa, pero omitió lo más importante: su responsabilidad como jefe administrativo del Ministro de Salud y como jefe del COE, esta estructura que reemplazo al estado, donde ejecuta, legisla y juzga, con programa de televisión incluido. A la cual se suma ser el contratista de la empresa de sepelios que confundió los cuerpos, o sea el responsable es Gerardo Morales.