La sorpresiva convocatoria a elecciones legislativas nacionales anticipadas que decretó este lunes el presidente de España, Pedro Sánchez, suspende todas las actividades parlamentarias previstas y deja en el limbo a más de 60 leyes que no podrán ser tratadas, entre ellas una la reforma el Código Penal, la despenalización de las injurias a la Corona e iniciativas para reformar la ley que regula el Tribunal Constitucional.
La decisión de Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio paraliza la tramitación de más de 25 leyes procedentes de decretos-ley que ya están en vigor, otras ocho aprobadas por el Gobierno y alrededor de una treintena impulsadas por los grupos parlamentarios.
Una vez que se publique el decreto de disolución, solo quedará en funcionamiento la Diputación Permanente del Congreso, pero no así el Pleno de la Cámara, que ya no podrá reunirse hasta la sesión constitutiva de la próxima legislatura, prevista para mediados de agosto.
El llamado a elecciones anticipadas es consecuencia de la debacle electoral sufrida por el Partido Socialista (PSOE). El opositor Partido Popular (PP) ganó las elecciones municipales del sábado con 3,3 puntos sobre el gobernante PSOE, mientras en las regionales los socialistas perdían en casi todas las comunidades autonómicas.
Estas elecciones fueron la antesala de las generales que se celebrarían dentro de seis meses y en las que, según encuestas, el oficialismo podría caer derrotado por la oposición de derecha.
Las leyes postergadas
Además de recibir la sesión de control prevista para pasado mañana, en la que los legisladores interrogan y debaten con el Gobierno sobre su gestión y las políticas públicas, el Pleno tenía previsto debatir la toma en consideración de dos proposiciones de ley, una de Vox (ultraderecha) y otra de Unidas Podemos (izquierda).
La de Vox era una reforma del Código Penal para, entre otras cosas, castigar con hasta 20 años de cárcel a los presidentes del Gobierno o de Ejecutivos autonómicos que promuevan o faciliten la realización de conductas que busquen «atentar contra la unidad o la integridad territorial de España».
La de Unidas Podemos, en tanto, buscaba obligar a las empresas que se lleven su sede fiscal fuera de España a devolver las ayudas y subvenciones públicas obtenidas durante los 10 años anteriores a la decisión de abandonar el país, ante el caso de Ferrovial, a la que se acusa de practicar «piratería económica».
Asimismo, estaban previstas dos proposiciones, una del opositor Partido Popular (PP), sobre medidas relativas a la vivienda habitual y otra del PSOE sobre la Estrategia Nacional de Economía de los Cuidados.
También iban a debatirse otras tres mociones: dos de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y la formación Junts per Catalunya, que pedían el traspaso de Cercanías a Cataluña y una del PP, sobre la «deficiente gestión» del Ejecutivo.
En la sesión de control prevista para este miércoles, además de las preguntas a Sánchez y sus ministros, se iban a sustanciar tres interpelaciones urgentes.
La primera de ellas viene de ERC, sobre el Tratado Global de los Océanos de la ONU; otra del PP buscaba examinar la gestión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y otra de Vox, dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre las medidas del Gobierno «para garantizar la integridad territorial de España y la completa seguridad en Ceuta y Melilla», los enclaves españoles en Marruecos.
Además se interrumpen el resto de actividades parlamentarias, con lo que esta legislatura ya no podrán ver la luz más de 60 textos legislativos, reseñó la agencia de noticias Europa Press.
En concreto, quedan en el tintero un total de 25 leyes procedentes de decretos ley que el Congreso aceptó tramitar como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia para que los grupos pudieran introducir enmiendas.
Si bien todas están en vigor, algunas desde 2020, el adelanto electoral impedirá modificaciones entre otras de la relativa a las pensiones o al nuevo sistema de cotización de los autónomos.
En una situación similar quedan otros 38 textos legislativos, ocho de los cuales son proyectos de ley del Gobierno y el resto corresponden a proposiciones de ley impulsadas por distintos grupos parlamentarios.
De entre las iniciativas que llevan la firma de los grupos parlamentarios no verán la luz la de Secretos Oficiales, la reforma el Código Penal para la protección de la libertad de expresión, así como la destinada a despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, las que reforman la que regula el Tribunal Constitucional y el Registro Civil.
Lo mismo ocurrirá con otra reforma del Código Penal o la que buscaba conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo soberanía española.
La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como «ley mordaza», también quedó enterrada al no ser aprobada en la Comisión de Interior.