Dieciséis despidos que se hicieron en un intento de silenciar nuestros reclamos de pago en tiempo y forma, aportes sociales, ART, obra social y denuncias de condiciones de extrema insalubridad y riesgo; reclamos e irregularidades que sufrimos por años por parte de la familia de Pablo Rafaelli, en conjunto a Oscar Zeballos e hijo.
Empresarios salteños que hemos denunciado ante la Secretaría Provincial de Trabajo, otros organismos y a través de los medios de vaciar una empresa de suma importancia para la Provincia al ser la única productora del hipoclorito de calcio y sulfato de aluminio, indispensables para la potabilización del agua para los jujeños, además de otros productos de exportación.
Denunciamos también que estos empresarios explotan los recursos minerales de todos los jujeños impunemente y se enriquecen ilícitamente a costa del trabajo de muchos jujeños que han sido y están siendo explotados sin el respaldo ni el interés de los funcionarios provinciales, aun cuando tienen la obligación de velar por el trabajo y las riquezas del pueblo.
Sabemos que en la pasada visita de la ministra de Industria, Débora Giorgi se le entregó proyectos de la familia Rafaelli y que se ocultó nuestro conflicto porque que no ha habido ningún tipo de acercamiento o interés por resolver nuestra situación, aun sabiendo la importancia de nuestra producción, de nuestros puestos de trabajo.
Por todo esto, y principalmente por la lucha que mantenemos en la toma de la empresa hace cuatro meses, marchamos en pedido de Justicia. Pedimos la reactivación de la empresa por parte de la autogestión los trabajadores, puesto que hemos sido los únicos responsables interesados en la continuidad de su producción, pese al vaciamiento y el abandono irresponsable de nuestra planta por parte de los Rafaelli y Zeballos.
Nos mantuvimos y nos mantenemos firmes porque necesitamos y queremos volver a trabajar, cobrar por nuestro trabajo, mantener la fuente laboral de las 60 familias de la electroquímica, y continuar brindando los suministros necesarios para el agua potable de la provincia.
Tenemos conocimiento que el juez Pablo Calderón destrabó un embargo pero no hemos tenido ningún tipo de notificación ni mucho menos nuestros sueldos adeudados hace cuatro meses, por eso pedimos el esclarecimiento del destino de este dinero, porque hace cuatro meses que no podemos responder a nuestras familias, ni mantener nuestro hogares.
Como trabajadores sabemos cómo reactivar nuestra empresa, tenemos la capacidad y sobre todo el derecho y la necesidad de mantener nuestra fuente de trabajo, esperamos que la justicia y la síndico Laura Pereyra de Zeballos lo tengan bien en claro para poder fallar y accionar a nuestro favor.
Por todo esto nos mantendremos firmes en nuestra lucha hasta conseguir estos objetivos: La reactivación inmediata bajo gestión obrera de Electroquímica El Carmen S.A.; que nos paguen los sueldos adeudados y que los Rafaelli y Zeballos sean procesados e imposibilitados de continuar explotando recursos y trabajo jujeño.