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Para este jueves 18 está previsto el inicio del juicio oral y público contra Milagro Sala correspondiente a la causa en la que se investiga la desaparición de un expediente judicial a partir de una denuncia del año 2009. Los peritos médicos del Poder Judicial dictaminaron que la dirigente social está en condiciones de asistir a las audiencias por videoconferencia, pese a que los informes presentados por la defensa advierten que está en riesgo de vida por el tratamiento que atraviesa a causa de una trombosis venosa que sufrió en junio pasado.
La salud de Milagro Sala fue evaluada en los últimos días por la médica Ana Laura Molina, el psiquiatra Pablo Miguel Groueix y la psicóloga Agustina Ponce de León, integrantes del cuerpo de peritos del Poder Judicial, quienes concluyeron que la dirigente social está en condiciones de asistir a las audiencias de este proceso de manera virtual.
Sin embargo, informes médicos presentados por la defensa indican que existe riesgo de vida no sólo si se la traslada a sede judicial sino también por la situación de estrés que implica el inicio de un proceso oral, pues se trata de una paciente anticoagulada y en tratamiento por 12 meses como mínimo.
En noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso que el Estado argentino debía adoptar medidas de protección «necesarias y efectivas para garantizar la vida, la integridad personal y la salud» de Milagro Sala.
Casi cinco años después, el 25 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que, en caso de que la dirigente social debiera enfrentar un nuevo juicio, se debían adoptar medidas «para no causar un sufrimiento innecesario que pudiera provocar un mayor deterioro en su estabilidad física y mental».
Pasó apenas un mes de esa comunicación de la CIDH, cuando el 26 de junio Milagro Sala padeció fuertes dolores y una gran inflamación en la pierna izquierda, lo que se tradujo en una trombosis venosa profunda que derivó en su internación de urgencia.
Frente al nuevo proceso oral que se inicia este jueves, el abogado Luis Paz expresó a El Submarino Diario: «Desde mañana, el Estado argentino estará agravando la situación psicofísica de Milagro Sala, y considero que será el único responsable de lo que le suceda».
La causa
El Tribunal Criminal 3 que llevará adelante este juicio está integrado por María Margarita Nallar, Ana Carolina Pérez Rojas y Mario Ramón Puig.
En esta causa, iniciada en 2009, hay tres imputados: Marcos Romero, quien era empleado del Poder Judicial, está acusado de «cohecho pasivo, sustracción o destrucción de documento e incumplimiento de los deberes de funcionario público». Antonio Alberto Bellido, del delito de «cohecho activo y sustracción o destrucción de documento». Milagro Sala, del mismo delito en calidad de «determinadora directa».
En 2012, la causa fue cerrada con el sobreseimiento de todos los imputados. Pero cinco años después se reactivó, cuando Alejandro “Pilo” Mancilla se presentó “espontáneamente” ante el fiscal Diego Cussel a quien le relató que la sustracción y posterior destrucción del expediente había sido ejecutada por Milagro Sala, el abogado Alberto Bellido y un empleado del Juzgado de Instrucción en lo Penal 3.
Mancilla fue cofundador de la Tupac Amaru, en 1999. Desde entonces, fue estrecho colaborador de Milagro Sala. En 2010 abandonó la organización y fundó su propia agrupación, a la que llamó “La 27”.
En 2014 fue detenido e imputado, junto a otras personas, de secuestrar, torturar, vejar y abusar sexualmente mediante empalamiento a dos jóvenes y un menor durante doce horas. Fue liberado en 2017, cuando cumplió dos años de prisión preventiva.
Desde ese momento, Pilo Mancilla trabaja para el gobierno de Gerardo Morales y es testigo estrella del entramado judicial que orquestra la persecución contra Milagro Sala.
Apenas liberado, se presentó “espontáneamente” ante el fiscal Diego Cussel para declarar en el marco de la causa por la desaparición de un expediente judicial que se había iniciado en 2009 y que el juez Javier Aróstegui había cerrado en 2012 sobreseyendo de forma definitiva a todos los imputados. En su relato, Mancilla le contó al fiscal Cussel que la sustracción y consecuente destrucción del expediente en cuestión había sido ejecutada por Milagro Sala, el abogado Alberto Bellido y un empleado del Juzgado de Instrucción en lo Penal 3.
Con base en estas declaraciones −en las que Pilo Mancilla además se autoincriminaba− y sin mediar pedido del Ministerio Público de la Acusación, el juez Pablo Pullen Llermanos, de forma absurdamente irregular, dictó en 2018 la nulidad del sobreseimiento.
Pasados más de 12 años de investigación, esta causa debería haberse declarado prescripta. Sin embargo, se fijó fecha para el inicio de un nuevo juicio oral, que se encuentra sostenido únicamente en las declaraciones de Pilo Mancilla.
Multitestigo
La causa por la desaparición de ese expediente no es la única en la que Mancilla declaró para involucrar a Milagro Sala. También declaró en la llamada “Megacausa Fellner” en mayo de 2018, y en “Pibes Villeros”, cuatro meses más tarde. Durante esa última declaración, Mancilla negó que fuera empleado de la Provincia de Jujuy. Sin embargo, en abril de ese año había prestado servicio en la apertura de sesiones legislativas que encabezó el gobernador Gerardo Morales, y los registros oficiales confirmaron que mantenía una relación de dependencia con la Contaduría de la Provincia desde febrero de 2016.
A fines de 2018, volvió a declarar en contra de Milagro Sala en el marco de la investigación sobre la “Balacera de Azopardo”, una causa en la que la dirigente social fue finalmente absuelta.
En tanto, la imputación por “privación coactiva de la libertad agravado por la participación de más de tres personas, amenazas agravadas y violación sexual con penetración” que pesaba sobre Mancilla descansa en algún cajón de los tribunales jujeños, sin movimientos desde el año 2017, cuando comenzó su desfile por tribunales.
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