La situación procesal del empresario Oded Kinderman, imputado por abusar sexualmente de una niña durante más de dos años, podría agravarse de manera inminente. El juez de Control y Garantías hizo lugar a una serie de medidas solicitadas por la Unidad Fiscal y la querella, centradas en determinar dos puntos cruciales: la existencia de posibles cómplices y la presencia de otras víctimas.
Ayer se celebró una nueva audiencia donde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la abogada de la querella, Patricia Tabera, solicitaron al juez Martín Athayde Moncorvo la realización de una «valiosa prueba» para el expediente, a lo que la defensa técnica, como era previsible, se opuso.
La defensa pidió silencio a los medios
Durante la audiencia, la defensa del empresario planteó un pedido insólito y sin relación con la investigación: solicitó a los medios de comunicación que no dieran trascendencia al caso para «evitar mancillar el apellido» de Kinderman.
Ante este intento de imponer un «pacto de silencio», la abogada Patricia Tabera emitió un fuerte comunicado, defendiendo el derecho a la información y la lucha contra la violencia.
«No es responsabilidad de esta parte querellante, ni de nadie más que el mismo imputado, el cuidar su propio apellido y prestigio… el buen nombre y honor del apellido Kinderman ha sido socavado por los propios actos pederastas de su portador, no porque el hecho de que se haga público o no en los medios de comunicación,» sentenció Tabera.
La letrada fue enfática al rechazar la pretensión de acallar la causa en los medios: «Pretender que se ‘litigue donde hay que litigar’ evitando los medios de comunicación es propio de una sociedad vetusta, afín a viejas y machistas usanzas que alejaban al servicio de justicia de la ciudadanía, lo que hoy debe ser intolerable para nuestro democrático pueblo.»
Siete hechos
El sujeto está imputado por la Justicia jujeña como presunto autor de los delitos de «abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda, siete hechos en concurso real».
Kinderman está detenido desde principios de octubre y fue alojado en la Unidad Penal Nº1 de Gorriti. Con los elementos de prueba que ya pesan en su contra, podría ser condenado a cumplir una pena de al menos veinte años de prisión, una situación que podría empeorar si las nuevas medidas judiciales confirman la participación de terceros o descubren nuevos casos.
