En un nuevo juicio contra Milagro Sala, buscan una condena para mantenerla presa

Se concretó esta mañana la primera audiencia del juicio por la causa conocida como «la balacera de Azopardo», en el que la dirigente social Milagro Sala está imputada como organizadora de un tiroteo ocurrido en 2007 en el que fue herida una niña, de apellido Soraya, que entonces tenía 11 años, que sobrevivió a las lesiones que recibió. De los tres testigos que declararon, solo una de las mujeres estuvo en el lugar de los hechos.

Sala, quien cumple 1027 días detenida, está acusada de haber ordenado o encargado el ataque a tiros contra Alberto Cardozo, quien fue víctima y luego también imputado en la misma causa. Fue el sábado 27 de octubre 2007, cuando en una esquina del barrio Azopardo dos personas, identificadas luego como Fabián Ávila y Jorge Páes, dispararon contra Cardozo, que estaba en la vereda cerca de la puerta de un comercio. Uno de los proyectiles alcanzó a la nena, que estaba dentro del negocio.

Durante los años posteriores, hubo idas y vueltas en la causa. Ávila y Páes fueron procesados por tentativa de homicidio. Ambos estuvieron prófugos, hasta que detuvieron al primero en 2015 y al segundo, en 2016. Durante todo ese tiempo, nadie en el marco de la investigación mencionó a Milagro Sala como vinculada al hecho. Fue Páes, hace dos años, en su declaración indagatoria, quien involucró a la dirigente social diciendo que había ordenado el ataque contra Cardozo, con el fin de asesinarlo.

La abogada Paula Álvarez Carreras, integrante del equipo de defensa de Sala, recordó en diálogo con El Submarino Radio (91.5) que una persona imputada no tiene obligación de decir la verdad en una declaración indagatoria, y que ese es un derecho constitucional. «Por esa declaración de Páes fue procesada Milagro como presunta coautora de tentativa de homicidio agravado por promesa remuneratoria», precisó. Lo de la promesa remuneratoria surge de una operación inmobiliaria que se realizó un año antes de los hechos, cuando el exmarido de Sala le vendió una casa a Ávila.

Finalmente, Páes no llegó a este juicio, pues fue sobreseído por el juez Pablo Pullen Llermanos poco tiempo después de ser habilitado para actuar en esta causa, en 2016.

En la audiencia de este miércoles, declararon dos testigos. Un médico que intervino en la causa también a partir de año 2016, quien presentó ante el tribunal un informe sobre la salud de la ahora joven, a partir de la historia clínica; Sandra del Valle Maldonado, quien estaba con la niña herida en el momento de los hechos, y la madre de la nena, Mirta Centella.

«El testimonio de Maldonado fue el más importante, porque ella estuvo allí en el momento en que sucedieron los hechos», comentó Álvarez Carreras al finalizar el trámite judicial. La mujer relató que vio a dos personas bajar de un auto, y disparar a una de ellas. La nena cayó al piso, ella pidió auxilio y el propio Alberto Cardozo colaboró con la asistencia para llevarla a un hospital.

La madre de la nena, que no estaba allí en el momento de la balacera, relató al Tribunal los hechos posteriores, cosas que le contó su hija sobre cómo la asistieron las personas que estaban en el lugar.

La siguiente audiencia será el miércoles próximo a las 8 de la mañana. «Claramente, lo han dispuesto así para que no coincida con la otra causa en la que se está juzgando a Milagro Sala, la Pibes Villeros, que la semana que viene tendrá audiencias el martes y el jueves», comentó Álvarez Carreras.

-¿Creen ustedes que este nuevo juicio contra Sala también tiene motivaciones políticas? 

-Para nosotros es una evidencia más de la utilización del Poder Judicial jujeño para la persecución política de la oposición que significa Milagro Sala para este gobierno. Pasó lo mismo con la causa que tuvo como víctima a Luca Arias, la del escrache contra Gerardo Morales, todas causas de 2006, 2007, 2009, que han llevado años de investigación e incluso en algunos casos han sido declaradas prescriptas o sobreseídas después de que intervinieran fiscales y jueces, analizando los expedientes. Esa responsabilidad institucional pertenece al Poder Judicial y a la fiscalía. Son causas que en su momento no llegaron a juicio, y casualmente en el año 2016, cuando asume el nuevo gobierno, estas causas se empiezan a desarchivar y llegan al juez Pullen Llermanos, quien es además el que interviene en esta concesión errada de la prisión domiciliaria de Milagro.

-¿Eso es casual? 

-Pullen Llermanos es un juez residual, es decir que está a cargo de causas que se rigen con el anterior Código Procesal Penal, que perdió vigencia en el 2011. Son todos hechos que sucedieron antes. Pero este juez actúa con una gran diligencia, con pruebas que para nosotros no son suficientes ni serias.

-¿Por qué?

-Porque no puede ser que la sola declaración de un imputado, que tiene el derecho de mentir, sea suficiente para involucrar a Milagro y llevarla a un juicio oral y público.

-¿Creen posible que este juicio llegue a su fin antes de fin de año, justo antes de que llegue la fecha en que deben liberar a Milagro Sala?

-En realidad, las audiencias están previstas para que terminen antes de diciembre. Lo que ocurre es que simultáneamente se va avanzando con las de Pibes Villeros que están pendientes, dos de producción de pruebas y luego los alegatos y palabras finales de los imputados. Se estima que los alegatos van a comenzar después del 20 de noviembre, más o menos para la fecha en que estaría terminando el juicio de la balacera. Pero todo se irá viendo, dependerá de que no haya alguna irregularidad, si los testigos vienen en tiempo y forma y si no hay que reprogramar audiencias.

-¿Qué expectativas tienen de lo que pueda develarse durante el proceso judicial? 

-Se verá en el transcurso del debate. Se esperan las declaraciones de las tres personas imputadas y cada una lo puede hacer en el momento que lo considere. Tienen el derecho de hacerlo o no. Por ahora no tenemos conocimiento de que vayan a declarar. En total serán siete audiencias.

-¿Y sobre el veredicto y la sentencia?

-No queremos hacer especulaciones porque todo va a depender de cómo se desarrolle, tanto en la causa de la balacera como en la otra. Hay un sinnúmero de elementos que hacen que Milagro no puede ser condenada, no solo por falta de pruebas sino por una serie de irregularidades que han quedado patente en esta audiencias. Sin prejuicio de eso, sabemos que el Poder Judicial está reestructurado a la medida de este poder político, del gobierno de la provincia, así que no podemos saber cuál será la decisión del Tribunal. Sea la que sea, en la medida que afecte los derechos de nuestra defendida, va a ser recurrido a las instancias que sean, no solo las superiores provinciales sino también las internacionales, a todos los efectos, para dejar en evidencia lo que ya dejamos en evidencia con la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: que hay una persecución política hacia Milagro.

Acto de fe 

Por su parte, Elizabeth Gómez Alcorta, también integrante de la defensa de Sala, calificó de «arbitrarias» las acusaciones contra Milagro Sala, aunque admitió que «siempre se guarda la esperanza de econtrar eco en los argumentos lógicos y jurídicos de prueba». En diálogo con La García, la letrada afirmó: «Mientras a Milagro se la necesite detenida, sobre todo a esta altura, en que precisan justificar los 1030 días de detención ilegal, pensar que algún juez o alguna jueza esté en condiciones de tener plena libertad e independencia para dictar un sobreseimiento, es un acto de fe».