Mientras el Gobierno festeja la ampliación del crédito con el Fondo Monetario Internacional por 56.300 millones a cambio de más ajuste, la Asociación Argentina de Juristas envió una carta a la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, para aclarar que el acuerdo Stand By firmado en junio “debe ser dejado sin efecto” porque es inconstitucional e ilegal. La AAJ, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización continental no gubernamental con estatuto consultivo en la ONU; detalló que el primer pacto celebrado por Mauricio Macri en medio de la corrida cambiaria va en contra de artículos de la Constitución Nacional y de pactos internacionales.
“Por su ilegalidad e ilegitimidad de origen, es susceptible de ser repudiado por las futuras administraciones de nuestro país, extendiendo la responsabilidad por la violación del orden nacional e internacional, a tod@s l@s funcionari@s que suscriban el mismo”, alertaron los juristas en la declaración que enviaron a Lagarde, en un texto firmado por el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y el presidente del Consejo Consultivo Asociación Americana de Juristas Beinusz Szmukler.
Los jueces definieron al pacto como “una toma de deuda pública” al cuestionar que no haya sido “tratada por el Congreso de la Nación” ni que haya formado parte del Presupuesto Nacional aprobado para el año 2018. Allí puntualizaron en que el acuerdo viola “los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional”, además del Artículo 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Toda vez que el último párrafo del artículo 60 de la Ley 26154 se encuentra caduco, y que la Ley 27431 -que aprobó el Presupuesto Nacional para el año 2018- no ha autorizado el Acuerdo al que han arribado el Fondo Monetario Internacional con el Poder Ejecutivo Argentino, el mismo adolece del vicio insalvable de inconstitucionalidad y en tal sentido resulta ilegal e ilegítimo para nuestro ordenamiento normativo”, indicaron en el texto enviado el 25 de octubre, mientras el gobierno aguardaba la decisión sobre la extensión del pacto y los lineamientos del Fondo, con oficina en el Banco Central.
En esa misma línea, pero en el orden del derecho internacional, desestimaron la legalidad del acuerdo por los “estrictos condicionamientos para los políticas públicas argentinas” que impone el acuerdo, e “impiden garantizar los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo”. Por tanto, evaluaron que resulta violatorio de pactos internacionales. “El FMI no puede ignorar que los fondos ya transferidos, lejos de destinarse a proteger a los vulnerables, son utilizados para financiar la especulación financiera y la fuga de capitales”, aseguraron los juristas.
La ampliación por 56.300 millones se aprobó el viernes a cambio de más ajuste, caída del PBI hasta el 2 por ciento en 2019 y un nuevo objetivo: avanzar con la baja en las jubilaciones. Sin embargo los propios técnicos del FMI resaltan que la deuda argentina está al borde de la insustentabilidad y que el ajuste del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne puede no cumplirse. De todas formas, el primer desembolso por 5600 millones de dólares llegaría la semana próxima y en diciembre habrá otra transferencia por 7600 millones.
