Por Semilla Urbana-Observatorio de Hábitat, Territorio y Economía Popular. Cuando hablamos del derecho a un techo, casi siempre pensamos en los barrios populares, en la falta de escrituras, en el hacinamiento. Pero hay un corte que atraviesa esa desigualdad y la profundiza todavía más: el de la identidad de género. Este informe reconstruye, con la información disponible, cómo se manifiesta la falta de acceso al hábitat digno en las comunidades travesti-trans, y lo hace a través de dos historias que funcionan como espejo una de la otra.
Una vida más corta: el diagnóstico estructural
El dato que resume mejor la magnitud del problema es también el más duro: en Argentina la expectativa de vida de una mujer trans ronda los 37 años, cuando el promedio de la población está en 77. Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), publicado en noviembre de 2020 por José Florito y Juan Camisassa, lo plantea sin vueltas: las mujeres trans viven, en promedio, lo mismo que una persona en la Edad Media.
40 años de diferencia. Las mujeres trans en Argentina viven, en promedio, lo mismo que una persona en la Edad Media
Esa cifra no es un dato aislado de salud. Es la cristalización de una cadena de exclusiones que empieza temprano y se retroalimenta: Expulsión del hogar familiar, deserción escolar (más del 60% no termina el secundario, según Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta), informalidad laboral que ronda el 80%, y un acceso a la salud atravesado por el estigma. Todo eso desemboca, casi de manera inevitable, en el problema habitacional.
El mecanismo es conocido en cualquier barrio popular, pero acá se agrava por partida doble: sin trabajo formal no hay garantía, sin garantía no hay contrato de alquiler, y sin contrato la única opción que queda es el mercado informal de piezas y pensiones, que además discrimina y cobra caro. El informe de Cippec cita un relevamiento de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén y Río Negro: 45% de las mujeres trans consultadas dijo tener problemas para alquilar, principalmente por discriminación directa de inmobiliarias y propietarios.
En Buenos Aires esa lógica se ve todavía más cruda en los números: según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis, en 2020 una habitación de hotel —muchas veces compartida— costaba 800 pesos por día. Actualizado por inflación a valores de 2026, ese monto ronda hoy los 18.000 pesos diarios. Pagado por día, ese cuarto termina siendo más caro que un alquiler formal, que sin embargo queda fuera de alcance por la falta de garantías o directamente por el rechazo de dueños e inmobiliarias a firmar con una persona trans.
Hay otro problema que atraviesa todo el diagnóstico: la falta de datos. No existe en el país un relevamiento representativo a nivel nacional sobre las condiciones de vida de la población trans, y las estadísticas oficiales siguen construyéndose en clave binaria. Lo que sabemos lo sabemos, en gran parte, porque los propios colectivos se ocuparon de relevarlo.
Resistir sin el estado: El hotel Gondolin
En Aráoz al 900, en Villa Crespo, hay un edificio de tres plantas pintado de azul que desde 1998 funciona como cooperativa de vivienda autogestionada por mujeres travesti-trans, la mayoría migrantes de provincias del norte. Es, probablemente, el ejemplo más conocido de lo que la organización comunitaria puede construir cuando el Estado no da respuestas.
La historia del Gondolín arranca como tantas otras historias de villas y pensiones tomadas: a mediados de los 90 el lugar era una pensión que le cobraba precios altos a trabajadoras sexuales trans, en condiciones de vivienda paupérrimas —ratas, techos que se caían, baños sin funcionar. Las propias huéspedes denunciaron el estado del edificio, se ordenó una inspección y el lugar quedó clausurado. Con ellas adentro. A partir de ahí, resistieron el intento del dueño de recuperar el control y empezaron a autogestionar el hotel: arreglaron lo que había que arreglar, se hicieron cargo de las deudas y en 2003 se constituyeron formalmente como Asociación Civil Gondolin.
Hoy conviven entre 38 y 47 personas, según el momento y la fuente, distribuidas en poco más de veinte habitaciones. No se paga alquiler: los gastos se dividen entre todas. El lugar funciona además como centro cultural, como espacio de formación —muchas cursan en el Bachillerato Popular Trans Mocha Celis o siguen estudios universitarios— y como uno de los puntos de activismo travesti-trans más importantes de la ciudad.
Ahí se arman lazos que no responden a la lógica de la familia biológica: hay madres, tías, abuelas sin ningún vínculo de sangre entre sí que sostienen la convivencia igual, generación tras generación.
Diana Zoe López García fue durante años la referente del lugar, presidenta de la Asociación Civil, hasta que el 11 de noviembre de 2023 fue asesinada por su pareja. Su muerte no es un dato aislado: es, otra vez, la misma estadística de violencia que atraviesa toda la vida travesti-trans en la Argentina, incluso dentro del espacio que más protección logró construir.
En junio de 2022 una de las habitaciones se incendió en lo que las propias integrantes calificaron como un ataque transodiante. La reconstrucción del hotel terminó dependiendo de una colecta pública impulsada por un influencer en redes sociales, no de una política de Estado. Incluso el espacio más consolidado, con casi tres décadas de historia y reconocimiento social, depende de la buena voluntad y no de un derecho garantizado.
Cuando el estado decide desalojar: La aldea rosa
Si el Gondolín es la cara de la resistencia que se sostuvo, la Aldea Rosa es la cara de la resistencia que el Estado decidió borrar. Existió entre 1994 y 2006 detrás del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, en Núñez, sobre un terreno ganado al río al que solo se accedía por un sendero entre la maleza.
Nació, según cuentan quienes la fundaron, casi como una respuesta irónica: en 1994 el entonces cardenal de Buenos Aires había sugerido que las personas LGBTIQ+ deberían vivir en una especie de país aparte. Un grupo de cartoneros gays y travestis tomó la idea al pie de la letra y armó su propio asentamiento. Con los años llegó a albergar entre 300 y 400 personas —travesti-trans, gays, lesbianas, y también parejas heterosexuales que se sumaron con el tiempo—, en su mayoría trabajadores del cirujeo, aunque también había albañiles, electricistas, auxiliares de enfermería y trabajadoras sexuales.
Las viviendas eran precarias, de chapa, cartón y lona, sin agua ni gas ni cloacas. Pero la comunidad se organizó: además de sostener la convivencia, se presentaban como guardianes del lugar frente a los volquetes clandestinos de basura. Tuvieron, incluso, el acompañamiento de estudiantes y docentes de la UBA. Y llegaron a constituirse formalmente como cooperativa de vivienda, con la intención explícita de negociar con el gobierno porteño una solución habitacional permanente. La antropóloga María Carman lo resume así: lo que faltó no fue plata, faltó voluntad política
Esa negociación nunca llegó a buen puerto. Hubo un primer desalojo violento en 1998, bajo la gestión de Fernando de la Rúa, ejecutado un día feriado —cuando no había funcionarios disponibles para responder ni cobertura mediática esperable. Y hubo un segundo desalojo, definitivo, en 2006, ya con Jorge Telerman al frente del gobierno porteño, para construir lo que hoy es la Reserva Ecológica Costanera Norte. Esta vez el operativo fue descripto como pacífico: se entregó un subsidio de 7.000 pesos por persona —unos 2.300 dólares al tipo de cambio de aquel momento, equivalentes hoy a unos 3.470.000 pesos al dólar oficial (julio de 2026)— y la mayoría terminó reubicada en el conurbano bonaerense.
Después del desalojo la comunidad quedó dispersa, y hubo finales que se cuentan en la memoria colectiva como tragedias evitables: Alguien murió atropellado por un tren, otro murió de sida después de discontinuar el tratamiento al perder su red de sostén.
Dos caminos, una misma exclusión
Puestos en espejo, Gondolín y la Aldea Rosa no cuentan dos historias distintas. Cuentan la misma historia con dos finales posibles. En ambos casos el punto de partida es igual: personas expulsadas de sus familias, de sus provincias, del mercado laboral formal, que encuentran en la organización colectiva la única forma de sostener un techo. En ambos casos el Estado aparece tarde, y cuando aparece, lo hace más para intervenir sobre el conflicto que para garantizar el derecho.
La diferencia está en lo que pasó después. El Gondolín logró consolidarse porque encontró un resquicio legal —la figura de la asociación civil— y porque sostuvo casi treinta años de organización ininterrumpida, aun bajo ataques como el incendio de 2022. La Aldea Rosa, en cambio, se organizó de la misma manera, llegó a conformarse como cooperativa de vivienda y de todos modos fue desalojada dos veces, la última de forma definitiva, para transformar el terreno en espacio verde.
Ninguno de los dos casos tuvo, en ningún momento, una política pública de vivienda pensada específicamente para la población travesti-trans. Lo que hubo, en el mejor de los casos, fue tolerancia a la autogestión. Y en el peor, erradicación lisa y llana. Entre esos dos extremos no hay, todavía, una tercera vía construida desde el Estado.
Lo que necesitamos
De este recorrido surge una conclusión incómoda: en treinta años de historia, ni la autogestión más consolidada ni la organización comunitaria mejor armada alcanzaron para torcer la ausencia de una política de hábitat pensada para la población travesti-trans. Lo que hubo, en el mejor de los casos, fue tolerancia. Y en el peor, erradicación.
Falta, primero, un relevamiento oficial y federal sobre las condiciones habitacionales de esta población, que hoy no existe: no se puede diseñar una política pública sobre un vacío de información. Falta también reconocer que exigir garante y recibo de sueldo formal es, en la práctica, un mecanismo de exclusión directa para un colectivo con 80% de informalidad laboral. Falta un Estado que entienda que reconstruir un hotel después de un incendio no puede depender de una colecta en redes sociales. Y falta, sobre todo, que ninguna intervención estatal sobre un asentamiento vuelva a resolverse con un subsidio de emergencia que dispersa a una comunidad que se sostenía, precisamente, por estar junta.
La Ley de Identidad de Género fue un avance enorme. Pero el reconocimiento de la identidad, sin una política de hábitat que lo acompañe, deja en pie la misma pregunta de siempre: de qué sirve el derecho si no hay un techo concreto donde ejercerlo.
Fuentes consultadas
CIPPEC (Florito, J. y Camisassa, J.), «40 años menos de vida: el precio de ser una misma», noviembre de 2020 · La Nación, «Gondolín, el hotel de Villa Crespo que sufrió un ataque transodiante…», 2022 · Resumen Latinoamericano / Tiempo Argentino (Sosa, M.), «El Hotel Gondolín, un refugio amoroso y colectivo para las vidas trans», diciembre de 2024 · Colectiva Habitaria, ficha de proyecto «Hotel Gondolín», 2022-2023 · Lavaca.org, «Ocupar, resistir, ser: Hotel Gondolín» · Wikipedia, entrada «Hotel Gondolín» · Red TISA / Género y Desarrollo, ficha «Hotel Cooperativa Gondolín» · Agencia Presentes, «Hotel Gondolín: una alternativa de vivienda para travestis y trans en Buenos Aires» (2018) y «Las historias de vida trans en el Hotel Gondolín llegan al teatro nacional» (2023) · Nueva Ciudad / RBD Radio / El Argentino Diario, «Cómo era ‘La Aldea Rosa’…», 2023 (entrevistas a María Carman) · La Nación, «Desalojaron una villa en Núñez» y «Fue desalojada una ‘villa gay’…» · NEA Hoy, «La Aldea Rosa: la historia de la villa homosexual que se enfrentó a De la Rúa», 2024 · Agencia Paco Urondo, «GCBA: a 10 años del plan para reemplazar un área protegida por estacionamientos» · IPC INDEC, serie enero 2020-abril 2026, para la actualización por inflación del costo diario de hospedaje citado por CELS y Mocha Celis (2020) · Cotización del dólar oficial, BCRA y Banco Nación (promedio 2006 y julio de 2026), para la actualización del subsidio de reubicación de la Aldea Rosa.