Miguel Castro, el abogado de la señora Reinaga, dijo a El Submarino: “Hace bastante hicimos la presentación por la violencia familiar sufrida por mi clienta, porque en el último tiempo la violencia fue dirigida hacia ella. Se dictó la protección de personas a su favor, pero no había personal policial y entonces no se le daba la protección debida”.
El letrado explicó que se pidió la interrupción del régimen de visitas que se había impuesto, aunque Vargas continuaba viviendo en la parte alta del hogar familiar.
“Vargas es propietario de varios locales de venta de revistas, por lo que podría considerarse un empresario”, dijo el abogado, y comentó que el castigador anda en autos último modelo y tiene una buena posición económica, pero no cumple con la cuota alimentaria, que es de solo 900 pesos. “Ahora vamos a iniciar la vía ejecutiva para el cobro compulsivo de esta deuda”, dijo Castro.
De acuerdo al relato del abogado, el grupo familiar, que está integrado por Nadia y sus dos hijos, de seis y diez años, “fue sometido a un acostumbramiento a estas situaciones”.
Castro fue contundente: «Ya se hizo todo para excluir al señor Vargas, que es el autor de estos hechos aberrantes. A esta gente tenemos que someterlos a la realidad y demostrarles que eso no es normal”.
Nadia Reinaga marchó ayer exigiendo respuesta de la justicia tras la paliza que sufrió su hijo por parte del padre y se dirigió a la Comisión Municipal de Derechos Humanos, donde fue recibida por Carlos Santillán, quien manifestó su respaldo al pedido de justicia.