La Cámara de Senadores convirtió en ley este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil, una decisión calificada como histórica al modificar una normativa que regía en el país desde hace más de cuatro décadas. Con 44 votos a favor y 27 en contra, el oficialismo consiguió la sanción definitiva de un proyecto que ya contaba con la aprobación de Diputados.
Los puntos centrales de la reforma
El cambio más significativo es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para adolescentes que cometan delitos. Sin embargo, la ley aclara que la privación de la libertad será un recurso excepcional. El texto prevé:
- Penas alternativas: Programas educativos, laborales y comunitarios para delitos menores.
- Centros especializados: Los menores detenidos deberán estar en institutos específicos, estrictamente separados de los adultos.
- Prohibición de perpetua: Se prohíbe la prisión perpetua y se habilita a los jueces a revisar la condena una vez cumplidos los dos tercios de la misma.
- Vigencia: La norma entrará en vigor en 180 días tras su publicación en el Boletín Oficial.
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Un debate entre la seguridad y los recursos Durante el debate, el senador salteño Gonzalo Guzmán Coraita (oficialista) destacó que se salda una «deuda histórica» con un régimen moderno que garantiza el debido proceso. En el cierre, la senadora Patricia Bullrich defendió la medida asegurando que «la impunidad nunca educó a nadie» y que el Estado debe dar certezas a las víctimas.
Desde la oposición, el bloque Justicialista y sectores de Unión por la Patria plantearon sus dudas, principalmente sobre la capacidad de las provincias para aplicar la ley. El senador Jorge Capitanich advirtió que «si no se garantizan los recursos, puede quedar en letra muerta», señalando que las provincias deberán hacerse cargo de los lugares de alojamiento y las políticas de reinserción. En la misma línea, Alicia Kirchner cuestionó quién apoyará a las jurisdicciones que hoy no cuentan con infraestructura de encierro especializada.
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Estadísticas y posturas Mientras que el oficialismo subrayó un incremento del 10% en causas penales con menores involucrados entre 2023 y 2024, desde la oposición (Lucía Corpacci) señalaron que los delitos cometidos por adolescentes representan solo el 0,45% del universo total y que Argentina tiene uno de los índices de delitos más bajos de la región, argumentando que «la baja de edad no soluciona la inseguridad».
Con la sanción definitiva, el país inicia una transición de seis meses para adaptar el sistema judicial y carcelario a este nuevo paradigma de responsabilidad penal juvenil.