La democracia en La Quiaca está en pausa, pero el taxímetro de la Justicia no para. La concejal electa Marcela López radicó una denuncia penal en Capital contra sus pares del Concejo Deliberante, acusándolos de impedirle asumir su banca desde el 10 de diciembre, ignorando incluso una orden directa de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy.
Las claves del «bloqueo» puneño:
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Desobediencia judicial: Existe una medida cautelar que ordenaba la asunción para el pasado 6 de marzo. Ya pasaron 15 días y en el Concejo «nadie aparece».
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Quórum selectivo: Los concejales actuales alegan falta de quórum para la sesión especial, pero López denunció que sí sesionan para otras cosas: «Hay ordenanzas publicadas en el Boletín Oficial, o sea que trabajan cuando quieren», disparó.
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Multa millonaria: Por cada día de rebeldía, se acumulan «astreintes» (sanciones económicas). La joda ya le cuesta al pueblo de La Quiaca cerca de un millón de pesos.
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Banca callejera: López sigue asistiendo al edificio diariamente pero debe «trabajar desde afuera» porque no la dejan ingresar al recinto.