Los diputados nacionales de Unión por la Patria, Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca, presentaron este viernes una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo. La acusación se centra en presuntas acciones irregulares que habrían distorsionado el
La denuncia surge tras la decisión del Palacio de Hacienda de no aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual ya estaba listo para ser implementado a partir de enero de este año.
Los delitos denunciados
Según detalló la diputada Strada, la presentación judicial incluye cargos por:
- Violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal).
- Violación de secretos y deberes de confidencialidad (Art. 157).
- Falsificación de documentos públicos (Art. 293).
- Violación del secreto estadístico (Ley 17.622).
«Componentes desactualizados»
La legisladora y economista afirmó que Caputo ordenó mantener el cálculo del IPC basado en componentes antiguos, postergando la nueva metodología que el Indec había resuelto aplicar desde octubre pasado.
“Esta decisión busca postergar el nuevo índice hasta tanto culmine la recomposición tarifaria, que tendría un especial impacto en los precios al consumidor”, analizó Strada, calificando la conducta como un «abuso de autoridad».
Denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo
Junto a los diputados nacionales del Bloque de Unión por la Patria @gerpmartinez y @PaulaPenacca, esta mañana presentamos una denuncia penal contra el Ministro de Economía Luis Caputo por violación de los deberes de… pic.twitter.com/Gs90QawO1M
— Julia Strada (@Juli_Strada) February 13, 2026
Consecuencias sociales y económicas
Para los denunciantes, la manipulación de las estadísticas no es un tema menor, ya que el IPC es el termómetro que define:
- La fórmula de cálculo para jubilaciones, pensiones y asignaciones.
- Las negociaciones paritarias en los sectores público y privado.
- La credibilidad macroeconómica del Estado argentino
Además, Strada cuestionó que el funcionario haya adelantado por redes sociales el resultado del IPC de enero antes de su publicación oficial, lo que consideró una interferencia política prohibida por el ordenamiento jurídico vigente que garantiza la independencia técnica del organismo.
