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El Gobierno de Javier Milei despidió a 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro en medio del juicio que Argentina enfrenta en Nueva York por la expropiación de YPF.
La expulsión masiva ocurrió luego de detectar que algunas de las estrategias jurídicas del Estado parecían haber sido anticipadas por los bufetes que litigan contra la Argentina.
Aunque la administración presentó los despidos como parte de una «reestructuración para mejorar la eficiencia del organismo», en la Casa Rosada existe una seria preocupación.
El mega juicio ya resultó en una condena por USD 16.100 millones impuesta por la jueza neoyorquina Loretta Preska, y hay temor de que la filtración de información beneficiara al fondo Burford, principal demandante.
Además del recorte de personal, la Procuración se reorganizará: pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y se disuelve la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. El Gobierno atribuye estas medidas a un plan de reducción de gastos, que incluye menores comitivas y viajes oficiales, aunque la decisión genera inquietud por el momento en que se produce.
