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Por Sofía Caram, en Página/12. Una nueva denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas muestra las imágenes de los seguimientos a los presos que se realizaba desde el programa para la «recuperación de corruptos» que había creado por el gobierno de Mauricio Macri con el nombre de «Intervención para la Reducción de Indices de Corruptibilidad». Con el amparo de una causa judicial que investigaba al narco Mario Segovia, se instalaron dispositivos para filmar y fotografiar a los detenidos en tres pabellones del módulo 6 de la cárcel de Ezeiza.
El abogado del exvicepresidente Amado Boudou, Alejandro Rúa, amplió una presentación que había realizado ante el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, por el espionaje ilegal a los detenidos durante el macrismo.
El nuevo escrito adjunta dos fotos que dan cuenta de cómo se espiaban a las personas privadas de su libertad. Según el texto -basado en parte del contenido del expediente de Lomas de Zamora donde se investiga a los «Super Mario Bros»- «la inteligencia penitenciaria utilizó elementos ocultos de filmación o toma de imágenes para la vigilancia electrónica por medios fílmicos con audio en ese penal (incluso en el interior de las celdas de alojamiento” o “en forma encubierta” hasta “en el salón de visitas)».
En una de las fotos está Segovia escribiendo, precisamente en la sala de visitas. En la otra imagen, se ve cómo la cámara captó con zoom qué era lo que el «Rey de la Efedrina» había volcado al papel. La tercera fotografía, que ya está en manos del relator de la ONU, fue captada en uno de los espacios comunes, donde se puede ver a varios de los detenidos. «La naturaleza de las imágenes obtenidas ilustra la gravedad de cuanto se denuncia y el tenor de “las actividades de inteligencia y/o espionaje que habrían llevado a cabo, principalmente, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y del Servicio Penitenciario Federal, en violación a la Ley Nacional 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”, afirma la denuncia.
En rigor, las fotos fueron tomadas en forma legal, es decir, con una orden del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien investigaba en aque momento si Segovia seguía manejando los hilos del narcotráfico desde la cárcel y si tenía un plan de fuga. Sin embargo, bajo ese paraguas legal se espió a la mayoría de los exfuncionarios «k» y empresarios que, sorpresivamente, empezaron a tener a varios narcos de compañeros de pabellón.
Además del «alambrado», los nueve teléfonos públicos de los pabellones donde funcionaba el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) habían sido intervenidos. Luego de eso, algunas de las conversaciones de los detenidos con sus familiares y con sus abogados fueron filtradas a los medios de comunicación y se escucharon en forma indiscriminada y durante varios meses todas las llamadas, lo que es totalmente violatorio del derecho a la intimidad y a la defensa. «Tamaña afectación a la tarea de los abogados no tienen precedentes en la historia de nuestro país desde la restauración democrática», sostiene la denuncia ante García Sayán.
Con el respaldo de la contundencia de las imágenes, Rúa le solicitó nuevamente la intervención a la Relatoría de la ONU «para que reclame del Estado argentino toda la información necesaria», que se ordene «la destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad» y que «se promueva y respalde la investigación para dar con los responsables».
En paralelo, Rúa -quien es representante legal del exvicepresidente Amado Boudou; el exsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta y el exintendente de la ciudad correntina de Itatí, Natividad Terán- reclamó ante el juzgado de Juan Pablo Augé el acceso a todas las actuaciones del expediente por el espionaje ilegal que estén relacionadas a los seguimientos clandestinos dentro de la cárcel. Todo indicaría que también fueron víctimas de las maniobras de la -en palabras de la Justicia- «organización criminal enquistada en el Estado» durante el gobierno de Macri.
