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Esquivel denunció que «han llegado a poner carteles de venta de las escuelas» de la Tupac

Los establecimientos educativos de la Organización Barrial Tupac Amaru comenzaron el año lectivo con normalidad, en todos sus niveles. Así lo confirmó a El Submarino el diputado provincial (Fuyo) Juan Manuel Esquivel, quien hasta el año pasado se desempeñó como coordinador general del área educativa de la Tupac. “A pesar de lo insidioso y artero de la propaganda adversa, todas las aulas están plenas de alumnos”, afirmó.

Esquivel explicó las características de la modalidad de gestión social en las escuelas e institutos de la organización, y señaló que esperan que el Estado provincial siga haciéndose cargo de la parte que le corresponde, por ley nacional y provincial.

El legislador expresó además su preocupación por la actuación de los poderes Ejecutivo y Judicial en torno a la situación de Milagro Sala. “Un grupo de tuiteros agazapados detrás de la impunidad de las redes sociales no pueden condenarla”, afirmó.

-¿Cómo se inició el año lectivo en los establecimientos de la Tupac?

-A pesar de lo insidioso y artero de la propaganda adversa a la organización Tupac Amaru, podemos decir con mucho orgullo que todas las aulas del sector educativo que ha construido la organización a lo largo de estos años están hoy plenas de alumnos. A pesar de todo lo que ha pasado, de que los profes y maestros han acompañado solidariamente el reclamo de los cooperativistas de la Tupac, en la carpeada, codo a codo, se ha cumplido acabadamente lo que impone el calendario escolar cada año: tomar exámenes, inscribir y todo lo que corresponde. Desde el lunes 29 de febrero estamos en plena actividad. Yo ya no estoy a cargo de la dirección, pero con toda la experiencia que he adquirido a lo largo de los años estoy asesorando a los directivos y encargados.

-¿Entonces no decayó la demanda del servicio educativo?

-En absoluto. Hay una enorme fila de papás pidiendo bancos, con la misma preocupación de siempre, porque no encuentran las respuestas que necesitan en las escuelas del Estado y las privadas son inalcanzables para una población que busca una escuela de gestión social, como pueden ser la primaria Bartolina Sisa, o el secundario Olga Aredes o el propio Instituto Superior Tupac Amaru. Buscan la gratuidad, la universalidad y la calidad, dimensiones en las que hemos brindado el servicio educativo en estos años.

-¿Quedan vacantes?

-Ya no quedan vacantes en los primeros años del Olga Aredes, deben quedar vacantes en cuarto y quinto año en Alto Comedero, la escuela Bartolina Sisa ha abierto sus aulas nuevas, flamantes, plenas de niños. Allí cada aula tiene entre 24 y 26 niños, que es lo pedagógicamente recomendable. En la secundaria pueden llegar hasta 30, y diferente es requerimiento en el nivel terciario, donde el aula puede ser más numerosa porque la dinámica es diferente.

-¿De qué manera en particular padeció el sector educativo de la organización los hechos de los últimos meses?

-Los profesores han estado contestes de la publicidad que ha hecho el gobierno, entonces esto continua. Todo lo demás han sido las usinas de rabiosos que tiene esta provincia que tanto han dividido quienes la administran. Han llegado a poner hasta carteles de venta de las escuelas. Han difundido en las redes noticias de que las escuelas estaban cerradas, y cosas así. La realidad es la que termina diciéndonos cómo son las cosas, y la realidad es que aquí están los adolescentes, en el recreo, los más chicos jugando y los más grandes seguramente planeando qué van a hacer con la carroza, porque la vida del secundario continúa.

-¿Está garantizada la estabilidad laboral de los profesores y el personal?

-La responsabilidad que sienten los profesores y todo el personal es con los alumnos. Nosotros esperamos de la administración provincial, como ha sucedido en estos años, que sea corresponsable con nosotros. Esta es una escuela de gestión social, nació así, y así está contemplada en la Ley de Educación de la Nación y en la Ley de Educación de la Provincia, sancionada en 2012 por diputados de todas las bancadas. Allí se reconoce una gestión a cargo de otro tipo de organizaciones, que no son ni ONG, ni empresas privadas ni cultos religiosos. Hay más de 500 escuelas de gestión social a lo largo del país, hay una Confederación de escuelas de gestión social.

-¿Cuál es la característica principal de ese tipo de gestión?

-La característica es que son en parte sostenidas por la organización y en parte por el Estado, que se encarga de los sueldos docentes. Es algo similar a lo que ocurre con las escuelas religiosas, donde se paga una cuota. Nosotros en cambio hemos hecho de la gratuidad un culto, además de un principio. Los alumnos pagan una especie de cooperadora inicial, en el momento en que pueden, y si terminan el año sin pagarla, entendemos la situación de la familia y no hay ningún tipo de requerimiento. Con ese dinero se sostiene la infraestructura de la escuela, las reparaciones, etc.. Esto lo hemos hecho desde un principio para garantizar que todos los alumnos puedan ingresar, permanecer y egresar como han egresado tantos cientos de chicos a lo largo de los años. Como escuela de gestión social, esperamos que el Estado venga en auxilio de esta realidad educativa.

-El contexto no es fácil. ¿Cuál es su reflexión?

-Como diputado provincial no puedo dejar de estar preocupado por la judicialización de la protesta social, que fue el inicio de la detención de Milagro, una contravención que debería haber tenido una amonestación, una multa, un llamado de atención. Pero se convirtió lisa y llanamente en hecho de prisión para la compañera Milagro, y a partir de ahí ha sido muy claro lo que pasó. El titular del CELS, Horacio Verbitsky, precisó en una nota cómo se han ido armando las causas contra Milagro Sala, lo cual nos está advirtiendo sobre un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial; una cooptación, un manejo, y si no fuera así, hay una profunda desprolijidad del Poder Judicial que arbitrariamente la mantiene detenida. Si el Poder Ejecutivo pretende investigaciones, que se investigue, que se hagan las imputaciones, que se hagan los juicios y que se dicten sentencias. Y si después del juicio Milagro tiene que estar detenida, que se respeten todas sus garantías. Otra cosa es tenerla detenida, arbitrariamente, e inventar una a una las causas, con desprolijidades procesales, sin garantías sobre sus derechos constitucionales, particularmente el derecho a la libertad. Porque un grupo de tuiteros agazapados detrás de la impunidad de las redes sociales no pueden condenar a Milagro. Si alguien pretende sanar así las heridas de esta sociedad, lo está haciendo muy mal. 

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