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El próximo jueves, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Jujuy dictará sentencia en el juicio por usurpación que se le sigue a Rodolfo Páez, un campesino que vive y practica la ganadería en Las Vertientes, Palma Sola, en tierras que su familia ocupa desde hace 100 años. El proceso se inició por la denuncia de la empresa cuyo fin es desmontar 12 mil hectáreas para sembrar soja.
Anastasia García, de la Organización Tierra Fértil, que integra el Movimiento Nacional Camepsino Indígena (MNCI), repasó en diálogo con Día 6 (91.5) las instancias de las dos audiencias en que se desarrolló el juicio. «De todos los testigos presentados por la empresa, solamente uno declaró en contra de Páez, y es el encargado de la empresa. Todos los demás, vecinos de la zona e incluso policías, declararon a su favor. Porque nacie puede decir que él no vive allí hace 30 años y que su familia está hace 100 años», afirmó.
«La acusación de usurpación, que implica entrar a un lugar que no es propio, no tiene pies y cabeza en este caso», sintetizó García.
La empresa que pretende avanzar sobre el territorio que ocupan seis familias, en el paraje Las Vertientes, realiza trabajos de granos a más de 15 kilómetros del lugar. El objetivo es desmontar un total de 12 mil hectáreas para sembrar soja.
Hace seis años comenzaron las amenazas directas hacia los campesinos que viven en la zona y practican la ganadería, por tratarse de territorios sin riego. «Hubo hostigamientos incluso con la policía, y Rolo (Páez) estuvo preso varios días por defender su posesión que le corresponde por ley, porque la posesión es un derecho defendido por la ley», comentó García.
El jueves próximo, tras los alegatos de las partes, los jueces Antonio Llermanos, Ernesto Kamada y Claudia Cecilia Sadir, que integran el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, dictarán sentencia. Por tratarse de un delito excarcelable, Páez no corre riesgo de ser detenido, puesto que no tiene antecedentes penales. Sin embargo, la dirigente campesina advierte: «Si lo condenan, habrá una apelación, y si finalmente lo declaran usurpador, le quedará el antecedente. Y después vendrá el juicio civil para desalojarlo».
Como en las audiencias anteriores, afuera de Tribunales el MNCI estará apostado este jueves con una feria en la que los campesinos muestran el producto de su trabajo en la tierra. Se repetirá además la radio abierta.
Avance sojero e inmobiliario
El departamento Santa Bárbara corresponde a una zona de la provincia de Jujuy que es codiciada por las empresas sojeras. El caso de Rolo Páez es el más visible por estas semanas, pero todas las familias de la zona están en una situación de riesgo. «Hace unos años, el municipio de Palma Sola se declaró ‘zona campesina´-relató García-. Es un territorio de producción a poca escala, con familias que en la zona con riego se dedican a la agricultura y donde no hay riego, a la ganadería. Todo el municipio vive de la producción a pequeña escala».
A pesar de esa declaración del municipio, los desmontes avanzan, de forma legal o ilegal, sobre los territorios donde las familias tienen sus vacas. «Y las familias les hacen frente», contó García. De hecho, hace pocos días dos campesinos fueron detenidos por algunas horas en una comisaría, por averiguación de antecedentes. «Es todo producto del amedrentamiento de las empresas, que los persiguen por estar viviendo y trabajando en sus propias tierras», señaló la dirigente campesina.
La Organización Tierra Fértil y el MNCI llevan adelante además acciones en defensa de más de cien familias campesinas de la zona de los Perilagos, en el departamento El Carmen. Se trata de una zona amenazada por un proyecto del gobierno provincial que consiste en un negocio inmobiliario con el fin de convertir la zona en un «Villa Carlos Paz», según definió el propio gobernador Gerardo Morales.
Lo cierto es que a partir de una presentación judicial, el proyecto está parado. García explicó: «Han apelado el amparo colectivo ambiental que presentaron las familias cmapesinas, y eso está manos del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que tiene que resolver si es como decimos nosotros, que la ley que habilitó la venta de esas tierras es inconstitucional», en referencia a la ley aprobada por la Legislatura provincial en diciembre de 2017.
«Si bien el juez en primera instancia no nos dio la razón sobre la inconstitucionalidad, sí nos dio a favor la presentación del amparo. Entonces el Estado tuvo que retrotraer todos los avances del negocio inmobilizario, porque en pocos días iban a vender las tierras», relató, y agregó: «Además, el informe de impacto ambiental era impresentable, y no habían reconocido la audiencia pública que había sido mayormente impugnatoria del proyecto».
Lo cierto es que el emprendimiento de Morales tuvo que volver a cero. «El Estado tuvo que reconocer que había hecho muy mal las cosas, y ahora tienen que empezar de nuevo. Lo bueno es que al menos la justicia está poniendo el ojo en cada paso que dan», analizó García.
