El fiscal Diego Funes amplió a «encubrimiento» la acusación contra el titular del Juzgado Contravencional N° 1 Matías Ustárez Carrillo, quien estaba imputado por incumplimiento de deberes de funcionario público en el marco de la investigación de un desfalco cometido por personal de ese juzgado, policías y otras personas que desviaban pagos de multas a cuentas privadas.
El fiscal Funes, especializado en delitos complejos contra la administración pública, dio detalles sobre la investigación en torno del desfalco cometido desde el Juzgado Contravencional N°1. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), precisó que hay dos investigaciones vinculadas al caso. Una de ellas, que ya está cerrada y a la espera de la fecha del juicio oral, involucra a ocho personas, algunas que trabajaban en ese juzgado, incluida una secretaria, y otras particulares.
«Podríamos decir a grosso modo que era una banda enquistada en ese juzgado contravencional, que recibía dinero de potenciales o eventuales infractores, y en lugar de ingresar ese dinero a las arcas del Estado, lo ingresaban a cuentas particulares», relató Funes.
Funcionario encubridor
En ese expediente, que está listo para ir a juicio oral, no está involucrado quien fue titular del Juzgado Contravencional N° 1, Matías Ustárez Carrillo, quien en cambio está imputado del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en otra causa que aún cursa la investigación penal preparatoria.
Esta acusación, explicó el fiscal, «surge de la investigación de la banda que estamos mandando a juicio», y reveló que además amplió la imputación al delito de «encubrimiento».
Ustárez Carrillo había pedido licencia por 15 días, pero este viernes pasado, presentó su renuncia, que fue aceptada por el Poder Ejecutivo provincial que ya la publicó en el Boletín Oficial de la provincia. Lo reemplaza en el cargo Gabriela Albornoz, quien fue ex diputada nacional, ex legisladora provincial, entre otros cargos.
Con la imputación de encubrimiento e incumplimiento de sus deberes, el ahora exjuez contravencional podría estar más cerca de ser acusado de, directamente, formar parte de la banda. Sobre esta posibilidad, el fiscal Funes aclaró que «en el caso de Ustárez la investigación en su contra está abierta todavía».
En el marco de esta investigación se están auditando las cuentas de los últimos dos años del juzgado contravencional. Sobre el plazo elegido, Funes aclaró: «Veremos qué surge y si ampliamos o no esta primera primera auditoría. Por ahora es un volumen de trabajo acotado para tener alguna respuesta en un plazo relativamente razonable. Luego, si encontramos más elementos, obviamente ampliaremos el plazo de la auditoría».
Si bien se amplió la imputación sobre el ahora exfuncionario contravencional, el fiscal explicó que «por ahora» no se le dictó la prisión preventiva porque «estuvo siempre a derecho y se presentó siempre que lo hemos citado». Sin embargo, comentó que «es una causa en trámite, así que eso siempre puede variar».
El mecanismo de la estafa
En la causa que está lista para ir a juicio oral están imputados la secretaria y otros empleados del juzgado contravencional, además de personas particulares, ajenas al organismo pero allegadas a los empleados, que eran quienes ponían a disposición sus cuentas privadas o las de otros para desviar el pago de multas.
La maniobra era la siguiente: una persona iba a pagar una infracción, por ejemplo por alcoholemia positiva, el carnet de conducir vencido o una denuncia de ruidos molestos, y le decían: la multa son 500 mil pesos, pero usted pague 200 mil y queda solucionado su problema. En algunos casos, el pago se hacía en efectivo. En otros, le daban un número de cuenta para hacer la transferencia.
En un primer momento trascendió que el desfalco detectado llegaba a unos 500 millones de pesos. Sin embargo, Funes relativizó esa número. «Son cifras millonarias, pero es menos», indicó, sin mayor precisión.
En esta causa hay un hombre detenido, señalado como el jefe de la banda. El fiscal explicó que «trabajaba en el juzgado permanentemente», pero aclaró que «se va a determinar en el debate si realmente era empleado o estaba ahí simulando, porque era policía, después dejó de ser policía y siguió estando ahí en el juzgado, y en esa función era que realizaba esta acción de recibir a la gente y desviar el dinero».