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En medio de un escenario de fuerte inflación, que alcanzó un 11,8% en el primer trimestre, la gobernadora María Eugenia Vidal continúa sin convocar a paritaria a los trabajadores estatales, médicos y judiciales de la provincia. Los gremios que representan a estos sectores realizarán hoy un paro con movilización por la mañana en La Plata desde la Municipalidad hasta el Ministerio de Economía para pedir la reapertura de sus negociaciones.
ATE (estatales administrativos), AJB (judiciales), Cicop (médicos), la Asociación de Personal Legislativo (APL) y AEMOPBA confluirán en la marcha para defender sus salarios tras un 2018 signado por la pérdida frente a una inflación del 47,6%. Hasta el momento, y luego de llegar a un acuerdo con los docentes, el gobierno no ha dado indicios de abrir las paritarias, por lo que los gremios apuestan a torcerle el brazo.
Las demandas en común que los sindicatos expondrán son la reapertura de paritarias, un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, el pase a planta permanente de los precarizados y la reincorporación y el cese de los despidos.
Para 2019, Vidal cerró la paritaria con los estatales con aumentos del 20% en cuotas: 4% en enero, 4% en marzo, 4% en mayo, 4% en julio, y cláusula de actualización semestral en julio y diciembre, que no es automática y que depende de la buena predisposición del gobierno para negociar. Los gremios piden una cláusula automática ante un cuadro de situación económica que describieron de “alta incertidumbre”, mientras el dólar se mantiene inestable y los mercados miran con desconfianza la sustentabilidad económica de la gestión de Mauricio Macri.
“ATE llega a este paro por la reapertura de la [ley] 10.430, dispuestos a llevar la pelea para tener salarios dignos hasta las últimas consecuencias y no que tengamos recién en el mes de diciembre salarios de 19.800 pesos fruto del acuerdo del gobierno con otros sindicatos cuando la línea de pobreza está por encima de los 27.000 pesos”, afirmó el secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Oscar de Isasi, durante una conferencia de prensa en la que los representantes gremiales comunicaron la medida de fuerza.
Desde este gremio piden que el aumento salarial no sea menor al 23%, luego del 20% otorgado por Vidal en diciembre cuando cerró la paritaria por la aceptación de UPCN y FeGEPPBA. Otra condición es la cláusula gatillo para no perder frente a una inflación que las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevén para este año en un 40%, según informó el Banco Central. “Que los estatales estemos en condiciones de pobreza es una decisión de Vidal”, apuntó De Isasi.
En el caso de los judiciales, la semana pasada el gobierno les reiteró la propuesta que habían rechazado previamente, que consiste en un aumento de 20% para todo el año con una cláusula gatillo sólo para los primeros siete meses (en agosto se liquida el porcentaje de inflación acumulado entre enero y julio), y no incluye ninguna recomposición de los 15,6 puntos porcentuales perdidos en 2018, señalan desde la AJB. Este miércoles tendrán una nueva reunión.
“Recibimos una pérdida de quince puntos del año pasado y unos dieciséis que estimamos de inflación acumulada entre enero y abril. Claramente el gobierno toma decisiones mirando las encuestas, y por eso cerró un acuerdo con los docentes mucho más beneficioso que lo que están ofreciendo a la otra mitad de los estatales de la provincia”, dijo a Contexto Pablo Abramovich, secretario general de la AJB. “Porque evalúan que el costo de sostener un conflicto como el docente, que tiene protagonismo en la agenda pública nacional, es más alto que el que puede tener con el resto de los sectores del Estado”, añadió.
Los médicos de CICOP, en tanto, cuestionan que el gobierno, además de no convocar a su respectiva negociación, no cerró la paritaria en 2018. “Calculamos una pérdida de quince puntos y exigimos que también se tenga en cuenta la actualización automática”, afirmó la titular de CICOP, Marta Márquez, presente en la conferencia de prensa.
También advirtió de “la crisis del sistema sanitario en toda su extensión”, que se ha expresado con apagones en hospitales que han puesto en peligro a los pacientes, como el caso del Hospital San Martín de La Plata. “La crisis en salud es muy preocupante, los salarios están desjerarquizados y tenemos renuncias y falta de residentes, por lo cual hay servicios cerrados o que funcionan al 50% y por lo tanto colapsa la atención”, sostuvo.
Por último, desde AEMOPBA (Asociación de Empleados del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires), su secretaria general Adriana Pizarro objetó que “se está privatizando el control de obras hidráulicas y el gobierno decidió que lo auditen empresas privadas”. Refiere a las obras del río Salado que lleva a cabo Provincia a través de empresas privadas financiadas por el Banco Mundial, denunció este gremio la semana pasada. Pizarro concluyó: “Bajo la gestión de Vidal, uno de cada tres trabajadores es precarizado, pero lo obligan a trabajar full time y lo aterrorizan con que la selección de personal será a dedo”.
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