El histórico reclamo de ex empleados del Banco de la Provincia de Jujuy por el pago de la Propiedad Participada escaló a la máxima instancia del Ejecutivo provincial. El abogado que patrocina a un grupo de demandantes, Gustavo Jung, confirmó hoy que Fiscalía de Estado presentó tres alternativas al gobernador Carlos Sadir para avanzar con la regularización de la deuda que se extiende por 25 años.
La noticia fue comunicada a los ex empleados, quienes se reunieron en Plaza Belgrano a la espera de novedades tras la gestión de sus representantes en Fiscalía de Estado.
La deuda de 1998
El conflicto se originó tras la privatización del Banco Provincia en 1998, cuando la entidad fue adquirida por el Banco Macro.
Según recordaron los ex trabajadores, el Banco Macro abonó al Gobierno de turno el concepto de Propiedad Participada, un derecho que la provincia nunca transfirió a sus empleados.
Los ex empleados señalaron que en estas dos décadas y media, muchos de sus compañeros fallecieron sin poder cobrar lo que les correspondía. Actualmente, la gran mayoría de los demandantes son personas mayores y con necesidades de salud, por lo que urgieron al Gobierno a dar la prioridad correspondiente al caso.
Un reclamo que tiene precedentes
El grupo que actualmente reclama es uno de varios que buscan el cobro. En 2020, durante el gobierno de Gerardo Morales, se firmó un convenio para pagar a un grupo de 56 personas, lo que genera una expectativa de solución para el resto de los ex agentes que se encuentran en situación de litigio.
Informe del abogado patrocinador
Tras su reunión en Casa de Gobierno, el abogado Gustavo Jung dialogó con los ex trabajadores en la Plaza Belgrano, asegurando que “avanza la definición sobre la situación de los ex empleados del ex Banco Provincia”.
El profesional informó que las gestiones continúan para resolver la situación de los trabajadores alcanzados por un fallo judicial que establece un período específico de incorporación.
En este sentido, Jung detalló que existe un trabajo conjunto con la directora del ente residual que funciona en Casa de Gobierno. El organismo ya cuenta con un listado preliminar de ex empleados y el objetivo es:
- Verificar cuántos trabajadores ingresaron dentro del período señalado por la sentencia.
- Cruzar esa información con quienes iniciaron el juicio y quienes ya cobraron.
- Contemplar a los herederos de los ex empleados fallecidos.
El próximo paso, según explicó el abogado, depende exclusivamente de la definición del gobernador Sadir respecto a cuál de las alternativas propuestas se aplicará para avanzar con la regularización. Una vez tomada esa decisión, las partes serán convocadas para continuar con el procedimiento de pago.
