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Tras confirmarse la histórica imputación penal contra el exprocurador general por «peculado de servicio, veinte hechos en concurso real», la causa judicial entró en una fase de extrema tensión. Denunciantes y abogados querellantes advierten que dejar a Sergio Lello Sánchez en libertad representa un peligro latente para el avance de la investigación, por lo que exigen a la Justicia penal de Jujuy su inmediata detención para neutralizar el evidente riesgo de fuga y el entorpecimiento del proceso.
El pedido de prisión preventiva cobró fuerza en las últimas horas debido al peso de las nuevas denuncias y la sospecha compartida de que el exjefe de los fiscales aún conserva resortes de poder e influencia dentro de la estructura judicial.
«No es un planteo antojadizo o personal», aclaró a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) Julián Martín Palmieri, abogado de algunos de los denunciantes, y puso el acento en el volumen y la gravedad de los expedientes que se están acumulando contra el exprocurador, que configuran un escenario «de manual» para que se dicte su detención preventiva.
En la misma línea se plantó el abogado Alberto Bellido, quien recibió la noticia con satisfacción pero lanzó una fuerte advertencia a los magistrados: «Este ser nefasto tiene que estar preso, hermano. Tiene que estar detenido porque no hay garantía de nada con esta persona».
«Señores jueces, señores fiscales, esta persona se nos puede escapar porque tiene los medios. Tiene quince días de feria judicial para fugarse si quiere», enfatizó en diálogo con El Submarino Radio.
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La pileta y el quincho de Lello
Palmieri detalló que la imputación actual, ligada al legajo P-15345/26 que lleva adelante la fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar, es solo la punta del iceberg de una «tormenta de denuncias» que se avecina a medida que termine el receso judicial.
«Este tipo usaba tanto el recurso humano como material del Estado para su provecho personal. Tenía a personas que trabajaban en el MPA haciendo la pileta o un quincho en su casa particular, pero no les abonaba. Esa gente cobraba su sueldo del presupuesto público del organismo», denunció el letrado.
A esto se le suma el usufructo ilegal de bienes incautados: «Ayer me fueron a ver personas a las que en su momento les habían secuestrado los vehículos, y Lello Sánchez los puso a disposición de amigos suyos, de terceros, sin el consentimiento de nadie y sin ninguna resolución legal que lo avale».
«Tuve el llamado de más de diez personas que trabajan en el MPA que van a constituirse y van a hacer las denuncias correspondientes. -reveló Palmieri-. Así que creo que van a ser como veinte o treinta denunciantes».
Para la querella, el nivel de impunidad con el que se manejaban estos recursos demuestra la capacidad de maniobra que el imputado posee, la cual podría usar para amedrentar testigos o destruir pruebas si permanece libre.
La chicana de la recusación
Por estas horas, la causa se encuentra bajo una pulseada técnica luego de que Lello Sánchez se autodesignara defensor y recusara a la fiscal Serrano Antar, una jugada que Palmieri describió como una «maniobra netamente dilatoria» antes de que se resuelva quién será el juez de control interviniente, que podría ser Rodolfo Fernández.
«No hay ninguna clase de argumento jurídico para que prospere dicha recusación», afirmó el abogado.
Por otro lado, comentó: «Si nos ponemos a hilar fino, estamos hablando de un imputado que fue en su momento el jefe de los fiscales. Por lo tanto, siempre va a haber alguna clase de vinculación o alguna causal discusión».
Bellido, por su parte, coincidió en que la recusación contra la fiscal tiene el objetivo de dilatar los plazos, y la describió como «una chicana».
Paradójicamente, Lello Sánchez se autodesignó como su propio defensor técnico ante la presunción de que ningún colega de la provincia querrá representarlo. «Él impedía a los demás ejercer el debido derecho de defensa. Mirá lo que es el karma de la vida, cómo se dan vuelta las cosas», reflexionó Bellido.
Y recordó las persecuciones que sufrió en carne propia por parte del exprocurador, como el bochornoso juicio penal en el que fue imputado junto a Milagro Sala. «Yo podría tener sed de venganza y no la tengo. Quiero que la justicia actúe, que lo sienten en el banquillo y que se defienda con todas las garantías constitucionales que él negaba».
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El temor de los denunciantes
En tanto, el peligro de entorpecimiento no es una teoría abstracta en los pasillos de tribunales; es una realidad fundada en los temores de los denunciantes por las posibles represalias que pudiera tomar Lello.
El crudo testimonio del licenciado Alejandro Zamar, psicólogo y perito del MPA que denunció penalmente a Lello Sánchez por persecución y el armado de causas falsas en su contra, expone el verdadero «poder de fuego» que se intenta desarmar. En su caso, la situación lo llevó a decidir que su familia se traslade a otra provincia antes de romper el silencio.
«Es una persona de la que hoy no podemos permitirnos el lujo de creer que está inactiva. El temor lo tenemos intacto, no solo yo, sino muchos empleados internamente. Dejó conexiones y relaciones que uno sabe que todavía persisten», advirtió Zamar en diálogo con El Submarino Radio.
Para el psicólogo, las muestras de maltrato público y las amenazas directas de despido a funcionarios de jura eran habituales, instalando un régimen de terror que paralizaba la institución. «No todos conocen la impunidad con la cual manifestaba su trato hacia los demás. Cuando uno recibe ese trato continuamente, es como un fantasma, un temor enorme. Pero no es un fantasma, es real. Nosotros abríamos el placard y salía el cuco», describió Zamar.
A modo de ejemplo, recordó que muchos empleados del MPA de Lello fueron sido trasladados varias veces de sus puestos de trabajo y expuestos a circunstancias que afectaban su vida y la de sus familias. «Era un desgaste enorme», sintetizó el psicólogo.
Ahora, para Zamar, «el mayor de los temores es perder la tranquilidad y la productividad que se recuperó con la nueva gestión. La Justicia tiene que ponerse los pantalones, tomar decisiones en serio y proceder a la inmediata detención, porque es un hombre que no se detiene».
Con más de una decena de nuevos empleados estatales evaluando sumarse formalmente como denunciantes en los próximos días, la presión sobre los jueces de control para que ordenen el arresto del exprocurador es total.
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Una manzana enferma
A pesar de las dudas lógicas sobre el rol que jugará el juez de control interviniente, si finalmente esa función recae en Rodolfo Fernández, quien en el pasado fue ayudante de fiscal bajo el mando del propio imputado, existe una moderada expectativa en la nueva composición de la Suprema Corte y la administración actual del MPA.
Tanto Bellido como Palmieri señalaron que «una sola manzana no puede haber enfermado a toda la justicia». No obstante, con una decena de nuevos empleados estatales evaluando sumarse formalmente como denunciantes en los próximos días, la presión sobre los jueces para que ordenen el arresto inmediato del exprocurador es total: la paz institucional de la provincia depende de que el «cuco» no vuelva a salir del placard.
