«Dijimos en reiteradas oportunidades que no existió, ni existe ningún proceso de revisión de los contratos o designaciones de los trabajadores del Inadi en las provincias, que haya dado como resultado una fundamentada decisión que determine la causa de los despidos de cada uno de nosotros», señalan en un comunicado.
Por esa razón, rechazan los despidos, a los que consideran «arbitrarios, unilaterales, e incausados; y que se han realizado con miras a evadir las responsabilidades que derivan de una relación de empleo público de carácter permanente».
Advierten que el actual gobierno tiene «la obligación de generar las mejores condiciones laborales para todos sus trabajadores, y no de anularlas con una decisión de recorte que coarta derechos adquiridos» y señalan que la decisión del gobierno nacional es «arbitraria, e incluso discriminatoria, por cuanto desconoce y conculca nuestros derechos constitucionales como trabajadores y trabajadoras con muchísimos años de desempeño probado en este Instituto”.
«Además, desde nuestro ingreso laboral en el Organismo, y en innegable contravención a la normativa que regula la materia, el Estado mantuvo con nosotros diversos tipos de contrataciones, que en ningún caso fueron óbice para que asumiéramos el compromiso, la dedicación, y la entrega, como trabajadores del Estado, para acercar, difundir y exigir el cumplimiento de las políticas públicas inclusivas destinadas a todos aquellos sectores de la sociedad, por quienes este Organismo trabaja», continúan.
Esa tarea, afirman, resulta sumamente dificultosa en las provincias, «a la vez que requiere de muchísimo esfuerzo para su materialización».
En igual sentido, entienden que no abordar la situación de despidos de los trabajadores del interior del país constituye «una triste e indolente omisión al súbito desamparo provocado a muchas personas y familias, y que busca invisibilizar la decisión política de silenciar la lucha contra la discriminación y la igualdad de derechos para miles de ciudadanas y ciudadanos que requieren de estas políticas del Estado».
Por último, exigen una respuesta formal al reclamo, entendiendo «que esta decisión se encuadra en el marco de una política de desmantelamiento y vaciamiento de las instituciones nacionales, que durante años han brindado una respuesta para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad», motivo por el cual piden «la reincorporación inmediata de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras, injustamente despedidosas».