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Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF han elevado la tensión judicial al máximo. En una presentación ante la jueza del Segundo Circuito de Nueva York, Loretta Preska, solicitaron formalmente que se obligue al Estado argentino a detallar la ubicación exacta, los movimientos y las cuentas de sus reservas de oro.
La medida generó una inmediata preocupación en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según trascendió, la entidad presidida por Santiago Bausili admitiría internamente que la operación de traslado del metal carece de los respaldos administrativos suficientes, lo que podría derivar en complicaciones legales y causas penales para los funcionarios involucrados.
Maniobras de ocultamiento
El pedido de los demandantes, liderados por los fondos Petersen y Eton Park, se basa en la sospecha de que el Gobierno nacional busca ocultar activos para evitar el pago de la sentencia de US$ 16.100 millones.
Los abogados del estudio Levine Lee LLP argumentan que Argentina incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio del país. Denuncian que el expositor presentado fue enviado «deliberadamente no preparado», calificando la acción como una maniobra de obstrucción deliberada en el proceso de embargo de bienes.
«El incumplimiento de la República forma parte de su estrategia para evadir la ejecución de la sentencia, incluyendo la ocultación de más de US$ 1.000 millones en reservas de oro», afirma la carta remitida al tribunal el pasado 21 de enero.
El rol de Luis Caputo y los «grupos de chat»
Uno de los puntos más polémicos de la presentación judicial señala directamente al ministro de Economía. Los demandantes aseguran que Luis Caputo posee información de primera mano sobre el traslado del oro, resaltando el vínculo estrecho con Bausili, con quien mantendría «contacto continuo vía grupo de chat».
Ante lo que consideran una «falta de comparecencia» del Estado, los litigantes solicitaron a la jueza Preska:
- Una declaración jurada inmediata que identifique la ubicación y cuentas del oro.
- Una audiencia probatoria con testimonios de individuos clave, incluyendo al propio ministro Caputo.
- El pago de los honorarios de abogados por parte de Argentina debido a su conducta obstructiva.
Finalmente, los demandantes recordaron que organismos como la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Ministerio de Seguridad tienen autoridad legal para conocer los detalles del transporte de las reservas, contradiciendo la supuesta falta de acceso a la información que alega el Ejecutivo.
