Ante esta situación, tratamos infructuosamente de realizar una visita al penal el día viernes 9, pero las autoridades nos negaron el permiso. Al día siguiente, no pudimos entregar ante la Justicia provincial un habeas corpus por la protección de los internos y el esclarecimiento de los hechos.
Recién logramos que èste fuera recibido por la justicia avanzada la noche, ya que ni la Fiscalía de turno (la Nº 6) ni el Juzgado de Control Nº 4 estaban cumpliendo la guardia a que los obliga la ley. Luego de haber denunciado la situación en conferencia de prensa el día lunes 12 (incluyendo la actitud reticente de la justicia), el viernes 16 debimos presentar una apelación a la respuesta recibida.
El habeas corpus fue desestimado sin que se realizara ninguna investigación seria sobre los hechos del día 6 de diciembre, sobre el accionar de los distintos participantes (algunos miembros del servicio penitenciario fueron detenidos, pero liberados al poco tiempo), sobre las eventuales lesiones y estado de salud de los internos, y peor aún, sin realizar intervención alguna orientada a garantizar condiciones básicas de seguridad, alimentación e integridad física a los internos.
Cabe señalar que esto sucedió a pesar de las distintas evidencias que circularon públicamente sobre estos hechos (testimonios y fotografías de los internos y de sus familiares), aunque frente a un habeas corpus hubiera bastado la mera sospecha para realizar las acciones requeridas.
Siendo preocupante cualquier asesinato y situación de maltrato y extorsión, especialmente bajo condiciones de cárcel, las asociadas con el crimen del joven Nelson Cardozo lo son en doble medida. Las principales víctimas tienen vínculos evidentes con quienes vienen siendo presionados para inculpar procesalmente a Milagro Sala. El tío del joven asesinado es nada menos que Alberto Cardozo, también detenido en el mismo penal bajo un sospechoso cambio de carátula, cuyos familiares han denunciado tanto las presiones para declarar contra Sala como el maltrato físico y psicológico que viene padeciendo.
Debemos señalar que en la respuesta al habeas corpus se nos informó que el estado de los presos carecía de gravedad, aunque «Avila era el más afectado» (aunque llamativamente no figuraba en el listado de la revisación médica que se nos entregó junto con el rechazo del habeas corpus). Casualmente, Fabián Avila es el único testigo de la causa de la «balacera» que no cambió su testimonio original que no incriminaba a Sala de ninguna manera. En cambio el otro implicado (Jorge Rafael Paés) fue sobreseido por Pullén Llermanos luego de denunciarla como instigadora del crimen.
Frente a hechos de tal gravedad, no ha habido hasta ahora acciones de los poderes del Estado provincial que hayan estado orientadas de un modo contundente al esclarecimiento de los hechos, a la transformación de las formas arbitrarias e ilegales de ejercicio de poder dentro del penal y menos aún a la garantía de la seguridad física y psicológica de los internos. Estos hechos no sólo han puesto de manifiesto las condiciones humillantes y violatorias de los derechos humanos en que se encuentran los internos, sino el grado en que el dispositivo carcelario parece estar al servicio de la extorsión y el «apriete» para obtener declaraciones judiciales en contra de Milagro Sala y otros miembros de las organizaciones sociales.
Desde la Coordinadora Contra el Ajuste y la represión denunciamos que el accionar frente a estos hechos de los diferentes poderes del estado provincial y en particular el gobierno de la alianza Cambiemos al mando de Gerardo Morales, configura un panorama institucional y sociopolítico de suma gravedad, cuyo despliegue está afectando seriamente tanto los derechos de toda la población como la misma calidad democrática de la vida social y política jujeña.