Hoy se realizó la primera audiencia de este año del segundo juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia, donde quedan pocas instancias, para llegar a la etapa de los alegatos. Fuentes judiciales dicen que falta un testimonio más y la contestación de la defensa sobre el pedido del Ministerio Público Fiscal y las querellas sobre la ampliación de la imputación a los acusados: Antonio Vargas (Interventor del Penal de Gorriti) y los ex integrantes del servicio penitenciarios: Carlos Ortiz, Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Gutiérrez. Tras esas audiencias, el Tribunal Oral Federal resolverá el planteo de la fiscalía y las querellas, y se conocerá fecha de los alegatos y posterior sentencia.
En esta audiencia, testimonió el ex intendente de la Capital Pablo Labarta, desde 1977 a 1981, en el marco del segundo juicio de lesa humanidad en la causa Dominga Alvarez de Scurta , Osvaldo José Giribaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur.
Labarta contó que había contratado a Pedro Torres (padre de los Torres Cabrera) como conductor de equipos pesados para un desmonte en una finca de su propiedad en el departamento de Tilcara, y reveló que fue el propio Pedro Torres le pidió hospedaje para sus hijos Juana Francisca Torres Cabrera y Pedro Eduardo Torres Cabrera, quienes a poco de llegar al lugar fueron secuestrados por un grupo de tarea en su ausencia, dijo Labarta.
Más adelante, Labarta dijo que era una excelente persona y trabaja en su finca, que estaba ubicada en Bella Vista entre Tilcara y Valle Grande, en esta provincia.
Consultado sobre la desaparición de los Torres Cabrera, dijo que «el comentario era que los fusilaron en Palomitas», pero afirmó nunca supo quienes ingresaron a su propiedad, solo que «los llevaron porque estaban complicados en algo». Tenía conocimiento que Juana tenía una hija internada en el Hospital de Niños.
El declarante admitió también ser primo hermano del sacerdote Cipriano Labarta, ya fallecido, quien visitaba la cárcel junto con el obispo represor José Miguel Medina, de lo que se enteró por los diarios.
Reconoció a Fernando Urdapilleta, ex gobernador de facto como una persona de confianza y fue quien lo nombro Intendente en el periodo 77-81 y que él acepto bajo condiciones.
Destaco que Urdapilleta lo convocaba a reuniones de gabinete “eran una fiesta porque siempre había conclusiones. Los integrantes hacían un análisis interdisciplinario. Urdapilleta tenía una virtud escuchaba, trajo mucha gente de confianza de Buenos Aires y luego la reemplazo por jujeños” dijo.
Los detenidos-desaparecidos fueron secuestradas en mayo de 1976, llevadas al centro clandestino de detención del Penal de barrio Gorriti y entregados por el Servicio el 10 de junio del mismo año, al represor Ernesto Jaig y al suboficial de Ejército, César Darío Díaz, según un libro interno del penal.
En esta audiencia, Hugo Eleit, otro preso político, ex diputado provincial, funcionario de la provincia y actual integrante de la Defensoría del Pueblo, fue convocado a declarar nuevamente, esta vez por la defensa del acusado Carlos Ortiz.
Recordó que durante los 19 días de detención en el penal de Gorriti, el verdugo de la prisión fue Eduardo Bulgheroni, condenado a prisión perpetua en el primer juicio. En cuanto a Carlos Ortíz dijo que fue compañero de la primaria y que no lo vio en el penal.
Eleit era ministro de Gobierno, Educación y Justicia, cuando Carlos Ortiz fue designado sub director del Servicio Penitenciario de Jujuy, durante el año 1991. “No tenia denuncias, si hubiera sido lo contrario no hubiera sido funcionario” resalto.
En cuanto a su detención dijo que no fue torturado como otros detenidos, recordó a Bulgheroni cuando le hizo un simulacro de fusilamiento. Solo recibió tortura psicológica.