Familiares, amigos y vecinos de Juan Maraz encabezaron una masiva protesta con quema de gomas en la calle José de la Iglesia para exigir justicia y rechazar la liberación del hombre acusado por el fallecimiento del vendedor ambulante de 36 años. El trágico desenlace ocurrió luego de una pelea en las inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, y la decisión judicial de otorgar la libertad bajo restricciones al implicado desató la indignación de su entorno.
El hecho investigado se produjo el pasado sábado 30 de mayo, cuando la víctima mantuvo una discusión con el acusado, quien se desempeñaba como inspector de una empresa de colectivos. Según la imputación dictada por la Justicia, la causa fue caratulada como «homicidio preterintencional», figura legal que presupone que el agresor tuvo la intención de lesionar pero no de causar la muerte, criterio que permitió la excarcelación del sospechoso.
Durante la manifestación, los allegados a Maraz denunciaron públicamente presuntas irregularidades en el proceso. Noelia, prima de la víctima, cuestionó con dureza el cambio de situación del detenido y señaló que el sistema judicial actuó con celeridad a favor del acusado debido a supuestas influencias y recursos económicos, dejando desamparados a una madre devastada y a cuatro niños que perdieron a su padre.
Denuncias de irregularidades y conocimiento en artes marciales
El entorno de la víctima aportó detalles sobre el violento episodio y el perfil del imputado, manifestando que el agresor cuenta con formación en boxeo. Los familiares argumentaron que, al poseer conocimiento en una disciplina de combate, el acusado tenía plena conciencia del daño y la fuerza de sus golpes, por lo que rechazaron la calificación de un accionar sin intención de matar.
De acuerdo con el relato de los testigos expresado por la familia, tras recibir un golpe de puño que lo dejó inconsciente en el suelo, Maraz no recibió asistencia inmediata por parte del agresor, quien además habría intentado impedir que se llamara a emergencias. Posteriormente, en un intento de reincorporarlo para colocarlo contra un paredón, la víctima volvió a caer y a golpear su cabeza contra el suelo, lo que derivó en un cuadro de muerte cerebral confirmado el lunes posterior al hecho en el centro de salud donde permanecía internado.
Asimismo, la familia denunció penalmente que se vulneró el derecho de la madre de Maraz a participar de la audiencia imputativa. Según explicaron, las autoridades judiciales se habían comprometido a facilitarle un enlace virtual para presenciar la jornada de forma remota, una notificación que nunca llegó, enterándose horas más tarde de que el juez interviniente ya había dictado la libertad del inspector tras escuchar a la defensa y al fiscal del caso.