Dicecisiete allanamientos, siete detenidos y gran cantidad de teléfonos celulares son algunos de los puntos clave de la investigación que se inició apenas ocurrió el ataque a Velásquez, en la noche del 8 de agosto, en una vivienda de San Pedro. El joven, de 21 años, murió once días después a causa de las heridas que le provocó un disparo por la espalda.
“Está absolutamente descartado el móvil político en esta investigación”, afirmó la fiscal, y relató que al llegar al hospital el propio Ariel “manifestó a la persona que lo recibió en el hospital que seis personas habían querido robarle el celular”, lo cual, aseguró Farall, está corroborado con el testimonio de la enfermera.
Para la magistrada, no hay dudas: “El móvil político no ha surgido a lo largo de la investigación, y está totalmente desvinculado”, aseveró, e interpretó que “Ariel Velásquez estuvo en el momento equivocado en el lugar equivocado, porque fueron a buscar a otra persona y Ariel estaba en el lugar, se produjo un forcejeo y esta persona había sacado de entre sus prendas de vestir un arma de fuego y le disparó”.
La aclaración resultó necesaria pues desde las primeras horas de conocido el ataque, desde la Unión Cívica Radical acusaron al sector de la Tupac Amaru como responsables, enmarcando el hecho en la campaña política.
Continuando con el relato cronológico de los hechos, Farall precisó que “Ariel salió caminando y pudo llegar al domicilio de su hermano, donde le manifestó que le dolía la espalda, y el hermano cuando le revisa constata que era un disparo de arma de fuego. Ni siquiera se había dado cuenta de que le habían disparado”.
Consultada sobre cuál habría sido el contexto en que se produjo el ataque por error, Farall señaló que de acuerdo a los testimonios, “todo apunta a pensar que hay una persona que vendía sustancias alucinógenas, y ese fue el móvil”.
Lo que no pudo precisar, porque aún no se ha determinado, es si esa persona dedicada a la venta de drogas tenía algún vínculo con Ariel. “Solo sabemos que Ariel habría ido de visita, o habría pasado por ese lugar, y en ese momento fue cuando se presentaron estas personas”.
Primero se sindicó a tres personas: los hermanos Diego y Gabriel Yurquina y Héctor Lezcano, que fueron detenidos en las primeras horas posteriores al ataque. La fiscal repasó que se realizaron 17 allanamientos y procedimientos, además del secuestro de “una gran cantidad de teléfonos celulares”.
El curso de la investigación tuvo un cambio cuando alguien llamó a la Brigada de Investigaciones de San Pedro de Jujuy diciendo que sabía cómo habían ocurrido los hechos y dio algunos nombres.
“Se profundiza la investigación, se cita a estas personas, se realizan más allanamientos, y a través de las declaraciones testimoniales se determina que en el hecho habrían participado cuatro personas”, contó Farall.
Por esos días, Ariel perdió la pelea contra la muerte, después de varias cirugías, y la fiscal cambió la carátula por homicidio calificado por el número de participantes, “en el entendimiento de que había más de tres personas”, aclaró.
En esta segunda línea investigativa, el cruce de llamadas telefónicas mostró que efectivamente las personas señaladas habían participado del hecho y que los tres hombres detenidos en un primer momento no estaban vinculados con estos cuatro.
“Entonces se modifica la imputación como homicidio en ocasión de robo, y se imputa a estos cuatro sujetos, uno de ellos menor de edad”, explicó Farall.
Del menor de edad no se conoce la identidad. Los otros tres son Enrique Rojas Díaz, Máximo Zenteno y Eduardo Mamaní. “Uno de ellos manifiesta que había estado que en el lugar de los hechos con estas tres personas, y que había sido el autor del disparo”, afirmó.
De acuerdo a estos avances, la fiscal ya solicitó al juez de Control que disponga la prisión preventiva de los cuatro imputados. Respecto de los otros tres detenidos, Farall explicó: “Al haber constatado que no había conexión, y ante el pedido de cese de detención, se ha elevado ese pedido al juez, que dispondrá o no la libertad de estas personas”.