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La Ley promovida por el gobernador Gerardo Morales y sancionada recientemente como tal por la Legislatura jujeña, que modifica la conformación de las autoridades de la Junta Provincial de Calificación Docente y deja sin la representatividad del sector docente dentro de la misma, fue muy criticada por la oposición. La diputada justicialista Liliana Fellner cuestionó que el gobierno haya minado la participación de la docencia dentro de ese importante órgano educativo.
La norma, aprobada por la Cámara de Diputados local, lesiona la representatividad de los docentes ya que la Junta será constituida por cinco salas –Inicial, Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Educación Superior- cuyas presidencias serán designadas por el ministerio de Educación, al igual que dos de sus vocalías.
Ante esta situación que se generó por el gobierno provincial, Fellner cuestionó que la administración de Morales no permita la participación del sector en este tema tan relevante para la docencia. “Hubiese sido fructífero que se llegue a un convenio entre las partes para determinar qué se quiere y hacia dónde va nuestra educación”, señaló.
La legisladora sacó de su análisis a la oposición, de la cual es parte, aduciendo que no es extraño que para los temas trascendentes el gobierno de Morales no tenga en cuenta la opinión del arco opositor. “No hablo por nosotros, porque en verdad poco y nada hemos conocido del Pacto Social Educativo, uno de los grandes anuncios de la actual administración de la provincia”, puntualizó.
“En las cuestiones que son trascendentales en materia educativa, este gobierno nunca habilitó el debate plural ni dio participación a los actores en el tema. No solo dejaron afuera de ese Pacto a la oposición, sino también a los docentes, sus representantes gremiales e incluso a las comunidades aborígenes”, agregó.
Tras ello, se refirió al endeudamiento en dólares que tomará la provincia para financiar obras de infraestructura escolar, aclarando que su bancada no acompañó la iniciativa del gobierno por considerar que se trata de un endeudamiento millonario –de más de 300 millones de esa moneda- que comprometerá seriamente las finanzas de la provincia y los jujeños.
