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Más casos ingresaron al expediente en el que se investigan las muertes por fentanilo contaminado en la Argentina, perteneciente a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., y según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas se busca establecer las conexiones.
Mientras continúan las indagatorias contra los imputados y los detenidos siguen tras las rejas, entre ellos Ariel García Furfaro, las autoridades del caso temen que dicha información sobre más casos pueda no esté relacionada con la causa, motivo por el cual se analizan los vínculos y su posible trazabilidad con el opioide adulterado.
Por el momento los investigadores sondean la información recibida para lograr constatar si es certero que se incrementó el número de fallecidos por el fentanilo. Hasta ahora el número de muertes continúa siendo 96.
La causa judicial
El lunes 25 de agosto fue el turno de la indagatoria a María Victoria García, ingeniera química y Gerenta de Gestión de Calidad en Ramallo, mientras que este martes se esperaba otra testimonial, pero se pidió la postergación de la audiencia.
Completan la agenda de testimoniales Wilson Pons, Dayana Astudillo, Edgardo Sclafani, Rocío Garay, Adriana Iudica y Eduardo Darchuk.
Actualmente en la causa hay 17 imputados, pero hasta ahora solo se encuentran detenidos Ariel García Furfaro, dueño de los dos laboratorios; Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.
Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma, y otro de los señalados están con prisión domiciliaria tras solicitar sus excarcelaciones.
Preliminarmente, las imputaciones se determinaron por el Artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, que establece una pena de reclusión o prisión de diez a veinticinco años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona.
En la indagatoria, Ariel García Furfaro expuso durante varias horas su labor en HBL Pharma y Ramallo S.A. y, algo que sorprendió, no pidió su excarcelación.
Previo a la audiencia en los Tribunales de La Plata, Gastón Marano, abogado del principal acusado, fue consultado sobre la posibilidad de la excarcelación y señaló: “No sé si voy a pedir la libertad, desde que decidió entregarse me dijo que ‘si sirve que yo esté preso para que baje la presión de esto, prefiero quedarme acá”.
NA
