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Por Raúl Kollmann, en Página/12. El Poder Ejecutivo publicó este jueves el anunciado decreto por el cual se anula el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Mauricio Macri apenas 12 días antes de dejar la Casa Rosada y por el cual se transfería el Programa de Protección de Testigos a la justicia. Ya en ese momento quedaba claro que Macri no quería que los testigos protegidos quedaran bajo la órbita del nuevo gobierno, sobre todo porque intentaba evitar que salieran a la luz -como están saliendo- las insólitas maniobras que se hicieron con los que aceptaron declarar contra los funcionarios de la época de Cristina Kirchner.
En verdad, la transferencia del programa nunca se concretó porque tampoco la justicia lo quiso, dado que implica hacerse cargo de testigos protegidos complejos, como ya se vio con Leonardo Fariña, José López, Oscar Centeno y Alejandro Vandenbroele.
Con el decreto de este jueves, el programa queda bajo el control de la ministra de Justicia Marcela Losardo y más precisamente a cargo de la Subsecretaría de Política Criminal. El nombre del nuevo responsable del programa será dado a conocer antes del fin de semana.
La jugarreta de Macri y su ministro Germán Garavano fue sacarle al Poder Ejecutivo el control sobre lo hecho con los testigos protegidos. Las maniobras de Centeno son conocidas: dijo que quemó los cuadernos en una parrilla y a fin de año los cuadernos aparecieron intactos. Respecto de Fariña quedó en claro que le guionaron la declaración en la causa de la obra pública desde la Agencia Federal de Inteligencia. Y Vandenbroele fue protagonista de la sorpresa de las últimas semanas cuando se descubrió que el Ejecutivo le financió el establecimiento de un hotel en Mendoza, aunque el arrepentido sostuvo ayer -difícil de ver la diferencia- que no fue un hotel sino una posada. José López declaró en el juicio por los dólares que tiró en un convento que ese dinero se lo había entregado un secretario de CFK, pero en el juicio se demostró que él fue acumulando los nueve millones de dólares, casi seguro provenientes de coimas.
El 28 de noviembre pasado, 12 días antes de irse de la Rosada, Macri firmó aquel DNU transfiriendo el programa al aparato judicial y poniendo al frente de él al presidente de la Cámara de Casación. En ese momento, cinco magistrados -Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Ana María Figueroa y Javier Carbajo- le dirigieron una carta al entonces titular de la Casación, Carlos Mahiques -hombre de confianza de Cambiemos-, pronunciándose en contra de la transferencia del programa.
Los jueces dijeron que no existía ni necesidad ni urgencia para dictar el decreto y que el Poder Ejecutivo no podía arrogarse facultades del Legislativo. Esa oposición hizo que, en realidad, el pase nunca se concretara y todo iba a ser ahora más difícil porque la actual presidenta de la Casación es Ángela Ledesma, una de las firmantes de la carta opuesta a la transferencia.
Cuando se conoció aquel DNU del 28 de noviembre, el virtual presidente Alberto Fernández adelantó que anularía el decreto después de asumir. Y ese anunció se concreta este jueves. Es que los testigos protegidos no fueron prioritariamente hombres del narcotráfico que revelaban la trama de las drogas en la Argentina ni integrantes de grandes bandas de delincuentes que apuntaban a los jefes de las organizaciones. El programa lo utilizó el aparato judicial-político-mediático, alineado con Cambiemos, casi pura y exclusivamente para perseguir opositores.
Revisión
El secretario de Justicia, Juan Martín Mena, dijo este jueves que tras la derogación del DNU de Mauricio Macri que modificaba el sistema de protección de testigos, el Gobierno comenzará «una tarea de revisión» del funcionamiento del Programa durante la anterior gestión, ya que advirtió que el funcionamiento fue «bastante irregular».
«Advertimos que el DNU firmado por Macri no tenía ningún requisito de necesidad ni de urgencia. No había ningún tipo de justificación técnica ni jurídica que fundamentara la medida», sostuvo el funcionario nacional.
El integrante de la cartera conducida por Marcela Losardo señaló que la creación de una Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, como un «ente autárquico dotado de autonomía funcional», «afectaba la operatividad y la confidencialidad que tiene que tener el Programa».
«La fundamentación del expediente administrativo eran tres notas periodísticas sobre testigos arrepentidos famosos durante la gestión anterior que manifestaron temor o preocupación por el cambio de Gobierno», se quejó Mena.
El número dos del Ministerio de Justicia remarcó que durante el Gobierno de Macri «durante cuatro años gestionaron con el programa en su configuración original sin ningún problema».
«Algo intentaban ocultar o querían quitar de la órbita de gestión directa del Poder Ejecutivo cuestiones que hayan llevado adelante en ese programa. No estaban protegiendo a nadie, estaban financiando otras cosas y eso es lo que se va a investigar», lanzó.
Al respecto, anticipó que el Gobierno empezará «una tarea de revisión» de lo que fue el funcionamiento del sistema de protección de testigos en la gestión de Cambiemos, ya que consideró que fue «bastante irregular todo».
Finalmente, al ser consultado sobre si esas supuestas irregularidades podrían hacer caer los testimonios que brindaron los beneficiarios del programa en distintas causas judiciales, Mena aclaró: «Es una evaluación que tendrán que hacer las autoridades judiciales».
El 28 de noviembre pasado, 12 días antes de irse de la Rosada, Macri firmó aquel DNU transfiriendo el programa al aparato judicial y poniendo al frente al presidente de la Cámara de Casación. En ese momento, cinco magistrados –Alejandro Slokar, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci, Ana María Figueroa y Javier Carbajo– le dirigieron una carta al entonces titular de la Casación, Carlos Mahiques –hombre de confianza de Cambiemos–, pronunciándose en contra de la transferencia del programa. Los jueces dijeron que no existía ni necesidad ni urgencia para dictar el decreto y que el Poder Ejecutivo no podía arrogarse facultades del Legislativo. Cuando se conoció aquel DNU del 28 de noviembre, el entonces virtual presidente Alberto Fernández adelantó que anularía el decreto después de asumir. Y ese anunció se concretó este jueves. Es que los testigos protegidos no fueron prioritariamente hombres del narcotráfico que revelaban la trama de las drogas en la Argentina ni integrantes de grandes bandas de delincuentes que apuntaban a los jefes de las organizaciones. El programa lo utilizó el aparato judicial-político-mediático, alineado con Cambiemos, casi pura y exclusivamente para perseguir opositores.
