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El Frente de Gremios Estatales (FGE) decidió un paro por 48 horas para el miércoles y el jueves de la semana próxima, con movilización a la Casa de Gobierno para la segunda jornada, por la falta de una propuesta de recomposición salarial y el ofrecimiento de un nuevo piso salarial que no incidiría en la mayoría de los sueldos. Los dirigentes calificaron de «totalmente insuficiente» la propuesta del gobierno.
El ministro de Hacienda, Ricardo Pierazzoli, dijo que «no es posible» recomponer los salarios y que todo depende de que aumente la pauta nacional. El funcionario ofreció adelantar los tramos de aumentos en las asignaciones familiares para los meses de agosto y septiembre, pero esto también es considerado insuficiente porque muchos trabajadores con sueldos superiores a 5.860 pesos quedan afuera del monto máximo de asignación dispuesto por Nación (644 pesos finales por hijo).
El Frente resolvió movilizar el jueves hacia la Gobernación y proponer lo siguiente: que se reconsidere el otorgamiento de un tercer tramo de recomposición salarial; que se revean los topes para recibir las asignaciones (de 5.860 pasar a 6500 pesos como primer tope para acceder al máximo monto de la asignación); que se pague la asignación familiar en forma retroactiva a mayo (mes que en que se empezó a recibir los nuevos montos de la Nación); que se blanqueen los adicionales que se paga al escalafón general, y que se actualice la escolaridad.
Al principio del encuentro, se exigió a los funcionarios el cese de la judicialización de la protesta; que se resuelva el conflicto con los municipales de La Quiaca y que se interceda ante Ejesa ante el problema del desabastecimiento de energía eléctrica en el asentamiento Aeroclub, motivo por el cual, sus habitantes cortaron la Ruta 9 a la altura de avenida Fuerza Aérea.
Los dirigentes también denunciaron los grandes negocios que se hacen con la garrafa social, a lo que los funcionarios respondieron que esas críticas tienen una intencionalidad política. Los gremios les dijeron que pagar una garrafa a 140 pesos es un dato de la realidad, no parte de una campaña de desprestigio. “Si ustedes no empiezan a dar soluciones y nos siguen atacando de todos lados, habrá que empezar a responder”, advirtieron los estatales.
Con respecto a la precarización, los funcionarios dijeron que llevan relevados dos mil trabajadores municipales (según ellos, un 60 por ciento del total de municipios), pero quedó claro que en ese relevamiento no contaron a los PIL ni a los convenios.
La semana que viene, el gobierno publicará un listado en Internet con las listas de los precarizados, tanto municipales como provinciales. De este modo, a cada gremio se le dará un usuario y una clave para ingresar al sistema y comprobar si los verdaderos trabajadores figuran en este proceso de regularización laboral.
El director de Personal, Andrés Eleit, dijo que hubo “vivos” que intentaron infiltrar gente en los listados, pero que el Ejecutivo provincial lo impidió.
Con respecto a la reglamentación de una ley de negociación colectiva con UPCN Jujuy, los gremios rechazaron que se haya discutido con un solo gremio y que eso evidencia la estrategia del gobierno de dividir a los sindicatos. Eleit aclaró que esa “no es la reglamentación definitiva” y que la publicidad de esos anuncios “no la hizo el gobierno, sino el sindicato”. Sostuvo que con los anuncios de UPCN no pasará “nada” hasta que se debata y se acuerde con todos los gremios.
