Este viernes vence el plazo legal para que el Poder Ejecutivo desembolse 2,5 billones de pesos correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario. El fallo judicial obliga a la gestión de Javier Milei a cumplir con las transferencias postergadas, lo que pone en riesgo el equilibrio fiscal que el Ministerio de Economía viene sosteniendo mediante el recorte de partidas obligatorias.
La decisión de la Justicia confirma la vigencia de la ley y deja al Gobierno sin margen para seguir reteniendo fondos, una práctica que también afecta a las provincias con el impuesto al combustible y al PAMI. El monto exigido impacta en un esquema financiero ya tensionado por la caída de la recaudación debido a la recesión.
En el primer trimestre de 2026, el Sector Público Nacional registró un superávit primario del 0,5% del PBI, cifra que ahora se ve amenazada por esta deuda acumulada. Según especialistas, este resultado escondía una «deuda flotante» de gastos devengados pero no pagados, que ahora se convierten en exigencias inmediatas por orden judicial.
Los 2,5 billones de pesos representan un volumen que obligará al equipo de Luis Caputo a recalcular el presupuesto, ya que el desembolso es capaz de erosionar el superávit acumulado o forzar nuevos recortes en otras áreas del Estado para compensar el impacto financiero.
Aquí los puntos claves de la situación:
- Fallo Judicial: La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la norma y exigió el pago inmediato para actualizar salarios docentes/nodocentes y gastos de funcionamiento tras reveses judiciales del Ejecutivo.
- Plazo y Monto: El límite para acatar la orden vence este viernes 17 de abril de 2026 (a las 9:30 AM), con un monto estimado de $2,5 billones que el Ejecutivo debe desembolsar.
- Postura del Gobierno: Aunque el Ejecutivo busca apelar ante la Corte Suprema de Justicia para dilatar el pago, se informó que se preparan para cumplir con el fallo, reconociendo que esto impactará en las cuentas públicas y generará un déficit fiscal.
- Conflicto: Esta orden judicial llega tras meses de tensión, protestas y un deterioro salarial significativo en el sector universitario.