El gobierno nacional se quedó este martes sin las facultades delegadas que le habían sido conferidas por el Congreso a través de la sanción de la Ley Bases.
Esto implicó que el gobierno de Javier Milei tenía todo el poder en la mano la posibilidad de cambiar temas y asuntos importantes en materia administrativa, económica, financiera y energética.
El Gobierno comienza así una nueva etapa de la gestión sin la principal herramienta de desregulación con la que contaba. “El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. No vamos a buscar prorrogar como se hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos», remarcó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ayer en Casa Rosada.
A lo largo del año de facultades delegadas, el Poder Ejecutivo ejecutó cerca de 101 medidas. Estas constaron de disoluciones, unificaciones, reorganizaciones, modernizaciones, fusiones, actualizaciones, transformaciones, simplificaciones y eliminaciones de organismos; así como de la autorización para privatizar empresas públicas.
Ahora el Gobierno entra en territorio donde podrá seguir publicando medidas administrativas -como DNU, decretos simples, resoluciones, entre otros-, pero no reformas de magnitudes como las que se podían hacer con las facultades delegadas. Así, dependen de su propia impronta o de lo que puedan llegar a formular a través del Congreso, donde el oficialismo está pasando por su peor momento.
El Senado (donde La Libertad Avanza tiene 6 de 72 bancas, y algunos aliados) es el terreno donde el jueves podrían sesionarse cinco proyectos: dos presentados en el Senado la semana pasada con la firma de los 24 gobernadores: la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles líquidos; tres que vienen con media sanción de Diputados: aumentos jubilatorios, la Emergencia en Discapacidad y la moratoria previsional.
Para la primera, el Gobierno sabe que no tiene los votos para frenarla ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Es por eso que los gobernadores esperan que funcione como mecanismo para poder negociar por estos meses. En Balcarce 50 no tienen nada para ofrecerles a las provincias.
“Hacienda calculó que conceder a lo que ellos quieren implicaría 2 puntos del PIB, no hay chances”, cuentan en el Poder Ejecutivo.
El presidente las vetará de manera inmediata, aunque esperará a que se pueda garantizar el veto cuando los bloques más alejados al Gobierno insistan en la Cámara Baja.
El clima está particularmente espeso y los mismos operadores libertarios lo reconocen. Algunos se aferran a que negociando ausentes o abstenciones deban precisar menor cantidad de votos afirmativos para llegar a los dos tercios de los presentes.
Para los próximos meses, y sin las facultades delegadas ni apoyos sustanciales en el Congreso, el Gobierno apuesta a continuar con la efectividad de su aparato comunicacional para seguir imponiendo el modelo libertario.