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El juez federal Martín Cormick fijó un nuevo plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo nacional acredite el cumplimiento integral de la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 exige concretar la actualización de los haberes para el personal docente y no docente, así como la recomposición de los programas de becas para los estudiantes.
La resolución judicial se produjo luego de que el Ejecutivo rechazara la intimación previa argumentando haber cumplido con sus obligaciones. Sin embargo, el magistrado ratificó el criterio dispuesto el pasado 22 de septiembre y advirtió que aplicará sanciones económicas ante eventuales demoras no justificadas en la acreditación del mecanismo de actualización normativa.
La controversia por los índices salariales y la cobertura de becas
Al analizar los salarios del sector, el magistrado sostuvo que la documentación presentada sobre negociaciones paritarias no demuestra la recomposición fijada por la norma.
Tomando como base la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el fallo contrapone la inflación acumulada del 312,19% registrada entre diciembre de 2023 y junio de 2026 frente al incremento del 226,8% que el Estado argumentó haber otorgado en el mismo período.
En relación con el artículo 6 de la ley, la Justicia objetó que la respuesta oficial se limitara al programa de Becas Manuel Belgrano, dejando fuera de la actualización a las becas Progresar y Enfermería.
Por otra parte, Cormick desestimó en esta instancia la apelación subsidiaria presentada por la representación estatal, al considerar que aún no existen multas efectivas que configuren un perjuicio concreto. La medida judicial coincide con el desarrollo de un paro de 72 horas convocado por los gremios del sector en todo el país.
