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El Senado dictaminó favorablemente el proyecto de aumento presupuestario para las universidades nacionales, que cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados y es rechazado por el oficialismo con el argumento de que pone en riesgo el superávit fiscal.
El encuentro tuvo como marco el plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda que conducen el kirchnerista Eduardo «Wado» de Pedro y el mileísta, Ezequiel Atauche.
El aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de 735.598 millones de pesos, lo que implica el 0,14 por ciento del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.
El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades acuerdo a la inflación. Otra mala noticia legislativa para el Gobierno.
Reunin senador Mayans, el 2 de septiembre de 2024, en Buenos Aires, Argentina.
La intención de la oposición y de los amigables es convertir el proyecto en ley este miércoles, a pesar de las gestiones de Victoria Villarruel, que pretendía evitar que la Cámara alta sesione para impedir que el Gobierno sufra una nueva derrota legislativa que podría ser doble, ya que también está listo para su discusión en el recinto el rechazo al DNU que amplió en $100.000 millones las partidas para gastos reservados de la SIDE.
El despacho consiguió el apoyo de casi todos los bloques legislativos. Las excepciones fueron el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche (Jujuy), que consideró que el proyecto afectará la política de reducción del déficit fiscal que impulsa el Gobierno, y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, miembro del bloque Pro, pero cada vez más cercana a las posturas del oficialismo. Es la misma senadora que, en soledad dentro de Pro, votó en contra del aumento a los jubilados.
"Todo lo relativo al financiamiento de las universidades debería tener una profundización mucho más amplia. Me voy a abstener de firmar este dictamen", advierte @carmenAlvarezR pic.twitter.com/3bYR0wOFY5
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) September 3, 2024
El proyecto que aprobó la Cámara baja le ordena a la administración nacional recomponer el presupuesto de las casas de altos estudios en base a la inflación informada por el Indec, acumulada entre el 1° de diciembre último y el momento de la sanción de la ley. A partir de ahí, la actualización se hará de manera mensual, también por inflación.
El debate
El primero en tomar la palabra fue De Pedro, quien destacó que la media sanción que tiene como origen la Cámara de Diputado solo «es un rescate urgente para garantizar el funcionamiento mínimo» de las universidades nacionales.
Según De Pedro, la inflación acumulada desde noviembre del año pasado hasta el último mes de julio ascendió al 135% y lo contrastó con el aumento salarial universitario que, dijo, “fue de apenas el 57%”. “Eso significa que el poder de compra de los docentes bajó al 33%”, dijo.
"Tenemos que trabajar fuertemente para poder recomponer el presupuesto: gastos de funcionamiento, salarios, becas y obras. El 80% de los docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza", dice @wadodecorrido pic.twitter.com/OhXtDFdLtW
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Por su parte, Atauche, la voz de la Casa Rosada en la comisión -de la que se retiró rápidamente-, explicó que el financiamiento de la casa de estudio «preocupa» al oficialismo y consideró que vienen apoyando la causa.
«Hemos aumentado el presupuesto de educación, a pesar de que venía muy atrasado. Pusimos al día una cuestión que no se reclamaba y que empezaron reclamar; y que entendíamos que era razonable que todos los docentes y los presupuestos sean adecuadas», argumentó.
"El camino es lograr que la moneda argentina se revalorice, cuidar los gastos, cuidar lo que se hace con el dinero de los contribuyentes y liquidar el flagelo de la inflación, que es lo que termina generando la necesidad de actualizar presupuestos y salarios", señala @ezeatauche pic.twitter.com/59qSenLcN9
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El senador libertario también replicó las cifras sobre el impacto fiscal de la medida. Así, al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimó el costo en 800 millones de dólares, le opuso datos del Ministerio de Capital Humano según los cuales la sanción de la iniciativa implicaría erogaciones “que superan los 1100 millones de dólares”.
El radical Flavio Fama (Catamarca) aseguró que el sistema universitario “no está pidiendo presupuestos adicionales a los que tenía en 2023″ y que, además, “no hay pedidos descontextualizados de la situación que vive el país”.
"El sistema universitario no está pidiendo presupuesto adicional al que tenía en el 2023, no hay un pedido descontextualizado a la situación actual del país. Los trabajadores universitarios quedaron un 15% por debajo de la pauta que el Gobierno estableció", señala @FamaFlavio pic.twitter.com/NQFGO8mir2
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Otro radical que cargó contra el oficialismo fue el senador Martín Lousteau (CABA) que, principalmente, apuntó contra Milei: «El presidente habla de la educación pública como adoctrinamiento, después va a su viejo colegio y adoctrina a los alumnos».
«El Gobierno mintió con los gastos de funcionamiento. El Gobierno decía que eso estaba saldado, pero no era así. Aún hoy no terminan de cumplir, según nos cuentan los rectores de las universidades», explicó el representante de la ciudad de Buenos Aires.
"En nuestro sistema universitario hay 2.500.000 de estudiantes: no es un tema menor desfinanciar a las universidades. Hay 2.500.000 de familias que confían en que las universidades nacionales les dan las herramientas para tener un futuro mejor a sus hijos", explica @GugaLusto pic.twitter.com/AhHyFnULXa
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