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Francia vive este jueves la undécima jornada de protestas contra la impopular reforma jubilatoria aprobada por decreto por el presidente liberal Emmanuel Macron, ocho días antes de una decisión clave de la justicia que podría desbloquear o profundizar un conflicto que golpea la imagen del gobierno.
Liceos y universidades bloqueados, algunos trenes anulados y una frecuencia en el transporte público de París «casi normal» apuntan a un movimiento de protesta que continúa, pero que en las últimas semanas perdió fuerza en un país que todavía no halló una solución a la crisis social y política.
Ayer, una reunión entre la primera ministra, Élisabeth Borne, y los principales líderes síndicales sirvió para constatar que sus posiciones no cambiaron, a la espera de la decisión del Consejo Constitucional el 14 de abril.
«Estamos todavía en este momento en que pedimos la retirada de la reforma. El gobierno dijo: ‘Vamos hasta el Consejo Constitucional, es el proceso democrático'», manifestó hoy en la radio RTL el líder del sindicato CFDT, Laurent Berger, para quien corresponde a Macron «solucionar» el «problema».
El gobierno se niega, en cambio, a retirar su reforma que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, para cobrar una pensión completa, algo que rechazan dos de cada tres franceses, según los sondeos.
Su presentación a mediados de enero generó una oleada de protestas desde entonces, que se radicalizaron el 16 de marzo cuando el presidente francés decidió adoptarla por decreto, al temer una derrota en el Parlamento donde el oficialismo no tiene mayoría absoluta.
El gobierno defiende que elevar una de las edades de jubilación más bajas de Europa permitirá evitar un futuro déficit en la caja de las pensiones, pero sus opositores consideran que castiga más a las mujeres con hijos y a quienes empezaron a trabajar muy jóvenes.
Muestra del malestar todavía presente, empleados del sector cultural desplegaron ayer en el Arco del Triunfo de París una pancarta con el lema: «No a los 64», consignó la agencia de noticias AFP.
Desde el 7 de marzo, cuando los sindicatos movilizaron a 1,28 millones de personas, según la policía, y 3,5 millones, según el sindicato CGT, las manifestaciones perdieron fuerza. El 28 de marzo, fueron entre 740.000 y más de dos millones, según sendas fuentes.
Todas las miradas están puestas en el Consejo Constitucional. Su dictamen sobre la validez o no de la reforma marcará la evolución de un conflicto social enquistado y que beneficia, según los observadores y los sondeos, a la líder ultraderechista Marine Le Pen.
Mientras tanto, la primera ministra Borne multiplicó los contactos esta semana con las fuerzas políticas para intentar lograr una mayoría estable en el Parlamento, pero no lo consiguió: Los Republicanos (derecha), aliado del gobierno en la batalla de la reforma jubilatoria, rechaza una alianza global con el oficialismo.
