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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció hoy que se analizará si es necesario modificar el decreto reglamentario sobre el Acceso a la Información Pública ante las objeciones de los bloques amigables que rechazan la decisión del Gobierno.
Al responder preguntas de los diputados Miguel Pichetto, de Encuentro Federal; Karina Banfi, de la UCR, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, Francos dijo que el objetivo del Gobierno «no fue de ninguna manera limitar el acceso a la información pública».
El ministro coordinador adelantó que le transmitirá «lo planteado al Presidente, y veremos si tenemos necesidad, no sé si derogarlo, porque la intención ha sido tratar de ordenar el tema del acceso a la información por la cantidad de tarea administrativa que demanda».
En ese sentido anticipó que se «modificará el decreto si fuera necesario; haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo y que ustedes puedan entender desde el lado de la administración cuáles son las dificultades que vemos y que encontramos para acceder a todos los requerimientos, pero sabemos que es un principio constitucional que está en los tratados», añadió.
Al responder a las críticas de los diputados colaboracionistas, Francos explicó que «como seguramente comprenderán, no hay ninguna intención del Gobierno nacional de limitar el acceso a la información pública. Más aún, hemos recibido el récord de preguntas de esta Cámara para este informe que estamos dando, 3.500 preguntas que se resumieron en 2.500 respuestas que ustedes recibieron el día de ayer».
Dijo que para redactar el decreto se realizaron «consultas a los actores del acceso a la información pública, tanto a la Agencia como a la Procuración del Tesoro, y no nos pareció que hubiera en todo esto ninguna violación a ese derecho constitucional».
El funcionario agregó que «lo que hemos tratado de hacer es intentar ordenar el acceso a la información, de ninguna manera restringir el acceso a la información».
«Sí puede haber diferencia de criterios en la interpretación de la buena fe, que es una norma que está en el Código Civil argentino y yo entiendo la apreciación sobre la diferencia entre un particular, un funcionario público, un particular y el Estado, pero el principio de la buena fe tiene que ser para todos», agregó.
El Gobierno dictó el lunes último un decreto que apunta a limitar el acceso a información pública, especialmente cuando se trate de datos privados de los funcionarios o pueda ocasionar daños a las personas
Ante la pregunta la reforma judicial, Francos dijo que «se está trabajando en el Ministerio de Justicia y que ya se encuentra en elaboración un proyecto de ley relativo a la desburocratización de la justicia».
