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La detención del productor campesino Franco Oscari sumó en las últimas horas un capítulo de extrema gravedad institucional y vulneración de derechos humanos. Luego de que la defensa presentara un habeas corpus ante la falta de información oficial sobre su paradero, se conoció que el Juzgado Federal N° 4 de Buenos Aires, a cargo del juez Ariel Lijo, ordenó un raid de traslados por el norte del país que la defensa no dudó en calificar como «un tormento y una tortura».
María José Castillo, abogada defensora de Oscari, explicó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que el joven se encuentra actualmente alojado en una dependencia de la Policía Federal en San Miguel de Tucumán, tras haber logrado frenar su traslado a la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, su situación sigue siendo crítica: permanece incomunicado formalmente del porqué de estos movimientos y alejado de su entorno.
Un traslado a ciegas y sin fundamentos
El periplo comenzó en San Salvador de Jujuy. Cuando se conoció la convocatoria a una manifestación pacífica para reclamar por la situación de Franco, las autoridades decidieron sacarlo de la provincia.
«No tenemos fundamentos de por qué se lo llevaron. Nada parecía presumir que podría estar en riesgo la integridad física de Franco, ni de ningún policía, ni del edificio», explicó Castillo.
El itinerario de la incomunicación incluyó llevarlo primero a Salta y luego a Tucumán, un recorrido que la defensa debió reconstruir a tientas. «Hasta las 8 de la noche no hubo información oficial de su paradero; no notificaron a la defensa y a él no le dijeron a dónde lo llevaban», denunció la abogada, quien detalló que al lograr tomar contacto con Oscari, lo encontraron «muy conmovido y muy mal», configurando un claro agravamiento de sus condiciones de detención.
Ante este escenario, se presentaron dos habeas corpus –uno en el fuero federal y otro en el provincial– y un planteo para frenar el traslado a Buenos Aires. Fue allí cuando el juez Lijo dispuso que permanezca en Tucumán de manera transitoria, a la espera de que algún establecimiento penitenciario federal de Jujuy o zonas aledañas confirme la disponibilidad de un cupo.
«La intención de Lijo es mantenerlo privado de su libertad y llevarlo a una cárcel federal, sin que esté procesado, sin que haya dictado prisión preventiva y habiendo apelado nosotros la excarcelación», advirtió la letrada.
Denuncia ante organismos de derechos humanos
Por la gravedad de los hechos, la defensa ya activó mecanismos de protección nacional e internacional. Se presentaron quejas formales ante el Comité Nacional y el Comité Provincial contra la Tortura, así como ante la Procuración General de la Nación, el órgano encargado de aplicar el mecanismo de prevención de la tortura en cárceles federales. El comisionado Rodrigo Sola ya está al tanto de la situación.
Para Castillo, el accionar judicial representa «un degradamiento ilegítimo a las condiciones de detención, un sufrimiento que le han causado adrede dispuesto por un juez federal».
El absurdo de la acusación y la asimetría de poder
La causa judicial que pesa sobre Oscari roza el absurdo técnico y geográfico. Se lo acusa de haber enviado un mensaje de amenaza a la senadora nacional Patricia Bullrich a través de una cuenta de Facebook que supuestamente le pertenece, «diciéndole que si no renuncia, la matan», repasó Castillo, y precisó que se está a la espera de las pericias sobre dos teléfonos celulares viejos secuestrados en el campo donde vive Franco.
«En primer lugar, Franco no hizo esa amenaza -sostuvo la abogada-. Es lo que sucede muchas veces con los teléfonos, que se pierden, se cambian, y quedan abiertas las redes. De todas maneras, él está a disposición de la justicia para que se investigue».
Por otro lado, remarcó que «no hay posibilidad real de que se cumpliera una amenaza de una persona que supuestamente no tiene acceso a internet, a teléfono, ni a ningún medio». Es que Oscari vive en el Paraje Las Goteras, una zona rural aislada sin conectividad. «Es un campesino, no es un hacker», sentenció Castillo.
«¿De qué manera este ser humano, que es detenido a más de mil kilómetros de distancia en un paraje rural, puede realmente generar un peligro a una senadora nacional que tiene 40 años de ejercicio de la función pública? La asimetría en el poder económico, social y cultural es bastante. Es un disparate bajo todo punto de vista», cuestionó la abogada.
La defensa del joven sostiene además que si el supuesto hecho ocurrió en Jujuy y el acusado reside allí, no se comprende la intervención de Comodoro Py en lugar del Juzgado Federal de Jujuy.
«Peligro de fuga» por producir alimentos
Uno de los puntos más polémicos del dictamen policial que utilizó el juez Lijo para rechazar la excarcelación es la justificación del «peligro de fuga».
Según la justicia, Oscari representa un riesgo de evasión porque «vive en el campo, reivindica la soberanía alimentaria, no tiene un trabajo estable con sueldo urbano» y, supuestamente, la cercanía geográfica de Jujuy con Bolivia y Chile facilitaría su salida del país, detalló Castillo.
«Decir que tiene posibilidad de fugarse del país porque vive cerca de Bolivia y de Chile ya es una burla directamente. El Paraje Las Goteras no es Orán, ni La Quiaca, ni Purmamarca; les pedimos que agarren un mapa y se fijen dónde queda», replicó la abogada, y contrastó la gran cantidad de recursos públicos y policías enviados durante meses a Palma Sola con autos sin patente para perseguir a un productor que vive del día a día y de la siembra.
Redes de solidaridad y próximos pasos
Mientras la Cámara Federal de Apelaciones debe resolver de manera prioritaria el pedido de excarcelación, organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de derechos humanos de Tucumán se han acercado para darle a Franco alimentos y brindarle contención.
La defensa mantiene firmes los planteos de incompetencia territorial y el pedido de sobreseimiento total por la inexistencia del delito.
La exigencia inmediata sigue siendo una sola: garantizar la integridad de Franco Oscari y concretar su urgente retorno a la provincia de Jujuy junto a su familia.
En Jujuy tuvimos presos por tuitear y ahora un joven campesino detenido por expresarse en facebook contra Patricia Bullrich.
Para atacar a los pobres bastante rapidito el juez Ariel Lijo.
Desde las bancas del PTS FITU exigimos la libertad de Franco Oscari. Aquí mi intervención https://t.co/ZhhytBZzIb pic.twitter.com/fTg4jN3z8R— Natalia Morales (@NatuchaMorales) June 24, 2026
Se presentó un hábeas corpus para conocer dónde está Franco Oscari
