El Estado provincial tiene 30 días hábiles para reparar los daños que causó en Caspalá a la cancha comunitaria y a la finca propiedad de la familia Cruz Moyoja, según los términos de un acuerdo homologado este miércoles en la justicia federal.
En la audiencia virtual que se realizó este miércoles, la jueza federal Carina Gregoraschuk homologó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal Federal y la Fiscalía de Estado, en el marco de la causa iniciada luego de que la comunidad denunció al entonces gobernador Gerado Morales por usurpación, abuso de autoridad, violencia institucional y asociación ilícita.
Silvana Llanes es una de las abogadas que representan a la comunidad de Caspalá. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), detalló: «En el marco de la investigación por la destrucción del patrimonio arqueológico de la finca Santa Rosa y la destrucción de la cancha ancestral de Caspalá, que es la finca Pozuelos, se labró un acta de acuerdo entre la fiscalía federal y el fiscal de Estado, en representación de la provincia de Jujuy, por el cual se comprometen a restituir al estado anterior la cancha y volver todo para atrás, como forma de reparación integral de los daños que han causado en estas dos propiedades».
A partir de ahora, tanto el antigal como la cancha vuelven a estar bajo la guarda de la comunidad, que es la cuidadora de sus sitios, su cultura y sus ancestros.
«Fue una audiencia muy emotiva, porque estaba presente la comunidad de Caspalá y pudo expresar el gran dolor que han sufrido por los avasallamiento de derechos, por la violencia institucional ejercida por la policía, y el temor con el que ha quedado este pueblo», describió la abogada.
Entre las referentas de la comunidad estuvo presente Lidia Balcarce, quien describió a El Submarino Radio el momento en que la jueza federal selló el acuerdo. «Fue muy emocionante que se haya hecho justicia para nuestra comunidad, después de casi dos años», comentó.
La comunera destacó además el trabajo de la fiscala Lucía Romina Orsetti: «Ella nos escuchó a la comunidad, la investigación que dio a conocer fue muy impresionante, porque se tomó el tiempo para investigar todos los hechos denunciados, todos los atropellos que sufrimos».
Aún emocionada, Balcarce dijo que están conformes con este logro porque «la jueza dio la orden de que vuelva todo a como estaba antes, de sacar el desastre que han hecho, después de tanto dolor que han causado en la comunidad».
Para Llanes, «es un gran paso, una manera de reivindicar la lucha de esta comunidad, que al fin fue escuchada pese a que el gobierno provincial y el Poder Judicial de esta provincia da cuenta de que no son imparciales ni objetivos, porque en todo momento negaban la existencia de un conflicto, a diferencia de la justicia federal».
La abogada consideró además que esa reivindicación involucra a «la mayoría de los ciudadanos jujeños que descendemos de comunidades originarias» porque, lamentó, «en ese momento no le importó a nadie lo que sufrió la comunidad de Caspalá».
«Acá se avasalla siempre al más débil, pero hoy el más débil ganó», afirmó, y agregó: «Esto va a sentar un precedente, porque este gobierno nunca bajó la cabeza. Y el que daña, como dice la ministra de Seguridad, tiene que pagar. Así que bueno, que paguen».
El acuerdo al que se llegó este miércoles no marca un final sino que es apenas un paso más. Llanes explicó que la investigación sobre la represión y las detenciones producidas en 2022 son aún materia de investigación. «Se imputará a quien se tenga que imputar -señaló-. Pero el de hoy es un paso para sanar un poco el corazón de la gente de Caspalá y eso es lo más importante. Lo demás tiene su tiempo y confiamos en la fiscalía federal».
En este sentido, adelantó que está prevista una audiencia para la semana próxima, aunque se excusó de dar más detalles sobre el curso de la investigación.
«Fue muy traumático lo que hemos vivido -recordó Lidia Balcarce-, especialmente las abuelas. Nos gustaría que el estado se haga cargo del daño psicológico que ha hecho a nuestros abuelos y nuestros niños, más que nada, y a todos los que estuvieron en la represión. Porque en Caspalá nunca se conoció lo que es una bala de goma, un gas lacrimógeno, tenerle miedo a los policías. Eso causó mucho dolor».
El conflicto
El conflicto en el pueblo de Caspalá, ubicado en el departamento de Valle Grande, se desató en noviembre de 2022 cuando el entonces gobernador Gerardo Morales anunció que construiría una escuela secundaria en el lugar donde estaba ubicada la cancha de la comunidad.
El pueblo se opuso, porque había otro terreno previamente asignado para ese fin. Morales la emprendió contra los habitantes de Caspalá, a quienes acusó de negarse al progreso, al tiempo que, a modo de compensación, decidió comenzar en otro sector la construcción de un «polideportivo», según anunció.
Pero ese otro terreno, que le fue expropiado de manera arbitraria a una familia del lugar, contenía un antigal del que comenzaron a emerger restos arqueológicos a medida que avanzaban las tareas de remoción y nivelado ordenadas por el gobierno provincial.
Lo que siguió fue una fuerte presencia policial en Caspalá, represión, balas de goma, gases lacrimógenos, presiones y amenazas contra la comunidad.
«Siempre lo hemos dicho. No es que estemos en contra del crecimiento -afirmó Balcarce-. Tenemos el terreno para la escuela, queríamos nuestra escuela, no nos oponíamos, como se la pasaba diciendo el gobernador, que no queríamos el crecimiento y que preferíamos estar tomando, cuando no es así».
La justicia federal notificó a Morales que fue denunciado por la comunidad coya de Caspalá
