Garavano: “Somos respetuosos de la CIDH pero también de los jueces de Jujuy”

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, aseguró que son «respetuosos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pero también de los jueces de Jujuy», al referirse a la resolución del organismo internacional que pide que se libere a Milagro Sala o, en su defecto, se adopten «medidas alternativas» a la prisión preventiva para que la dirigente social enfrente sus procesos judiciales en libertad, con arresto domiciliario o una fiscalización electrónica.

Consultado sobre la posibilidad de que la jefa de la Tupac Amaru sea beneficiada con prisión domiciliaria, dijo que «en términos generales», y más allá de este caso puntual, las tobilleras electrónicas «funcionan muy bien y son herramientas muy valiosas para descomprimir» los centros de detención.

Sin embargo, estos dispositivos no son de uso generalizado en Jujuy. En mayo pasado se dio profusa información sobre la primera pulsera electrónica que se implementó en Jujuy, en el caso de una mujer a la que se concedió la prisión domiciliaria. Lo remarcable es que pocos días después la mujer se escapó. En esa oportunidad, el juez penal Isidro Cruz opinó: “Fue un fracaso, la pulsera electrónica y la prisión domiciliaria”.

Respecto de la resolución de la CIDH, Garavano aseveró: «Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy», y aclaró que el Ejecutivo nacional «solo tiene la función de transmitir» la recomendación de la Comisión emitida el viernes pasado.

Remarcó que en quince días «las autoridades judiciales de Jujuy” tienen que dar una respuesta a la resolución de la CIDH sobre la diputada del Parlasur, que está acusada por asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública.

En declaraciones a medios nacionales, aseguró luego que el gobierno nacional es «ajeno» a esa decisión, aunque no dijo nada sobre el hecho de que es el estado federal el responsable ante los organismos internacionales. Por esto es que la CIDH, al igual que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, dicen que el estado nacional «adopte las medidas necesarias» para que se dé cumplimiento a sus solicitudes.

«Hay que leer esta recomendación en una tónica humanitaria», interpretó Garavano, e insistió -en sintonía con las expresiones de funcionarios y legisladores del oficialismo jujeño- en que «la morigeración de la prisión preventiva es por las condiciones en las que encontraron a Sala».