10 de noviembre de 2019, la renuncia de Evo Morales

Gendarmería hizo desaparecer de su inventario el material bélico enviado a Bolivia

Por Gabriel Morini, en Ámbito. El affaire por el envío de municiones a Bolivia de manera contemporánea al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales se esparce de manera radial, a nivel local, y salpica, por conocimiento u omisión las responsabilidades de Cancillería, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, la Aduana (AFIP) y el Ministerio de Defensa y la AFI durante el final del gobierno de Mauricio Macri.

Y es que la República Argentina, en documentos oficiales, no solo dejó asentado el envío a Bolivia de material bélico, sino que a través de notas que remitió a la Agencia Nacional de Material Controlado (ANMAC) e internas de Gendarmería ratificó que todo ese arsenal había sido utilizado por completo durante la operación del Grupo Alacrán, enviado con la supuesta misión de proteger a la Embajada Argentina en La Paz. Con ello, justificó su baja en el inventario.

A la denuncia de alcance internacional realizada por el presidente boliviano Luis Arce se le agrega la investigación administrativa iniciada en el país, a través de Seguridad y de la AFI, donde la interventora Cristina Camaño solicitó informes para conocer los motivos que tuvieron los delegados en Bolivia para recolectar información de inteligencia en territorio boliviano. Y también la faceta penal, donde la fiscalía especializada en Armas (ExUFI-Renar) a cargo de Gabriel González Da Silva inició una investigación preliminar para recolectar información antes de radicar una denuncia en el fuero federal con destino a Comodoro Py.

Ya no solo existe la carta de agradecimiento de la Fuerza Área de Bolivia por la recepción del material bélico, su ingreso al sistema oficial de la embajada argentina en ese país, sino un cruce de oficios y notas donde constan las características del material enviado que acompañaban a la misión de Gendarmería. Pierde fuerza así la réplica de Macri acerca de que todo el episodio es falso y cobra mayor relevancia el deslinde de responsabilidad que han intentado tanto Patricia Bullrich como principalmente Jorge Faurie, en torno de quien mascullan bronca en la administración anterior porque afirman que es imposible que no estuviera al tanto y al ser el primero en salir a responder la información, hizo ruido la ausencia de una desmentida taxativa, dejando abierta la puerta para que existan otras responsabilidades.

El 11 de noviembre de 2019, Dirección Logística de Gendarmería, con la firma del comandante mayor Rubén Carlos Yavorski le hizo el pedido de autorización a la ANMAC para “la salida temporal de armamento, municiones y los elementos que se adjuntan como archivo embebido. El material y equipamiento descripto será utilizado por parte del personal… dentro del marco y la protección del Señor Embajador Argentino, su residencia, las instalaciones diplomáticas, así como el personal que se encuentre dentro de la misma”, indica la descripción de la misión de protección a Normando Álvarez García. Están copiados en la nota Gerardo José Otero (Director Nacional de Gendarmería y autorizante de la misión bajo la órbita de Bullrich), Jorge Daniel Perrone (Dirección General de Apoyo GNA), Daniel Marcelo Martín Olmos (Apoyo GNA) y Sergio Adrián Calderón (Apoyo GNA).

De hecho, el exembajador argentino fue el más enfático al negar haber recepcionado el “agradecimiento” del comandante Jorge Gonzalo Terceros Lara, hoy detenido por haber participado del golpe a Morales. Y agregó algo indudable: en su rol no estaba autorizado a autorizar o solicitar asistencia a fuerzas armadas o policiales del país donde se asentaba. La autorización ocurrió en Buenos Aires. A su favor juega también que él mismo, durante las revueltas, hizo salir de la residencia a su propia familia para lograr más plazas disponibles para alojar a dirigentes y funcionarios de Morales.

El Ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero obtuvo su salvoconducto gracias a esa operatoria. Sin embargo, este diario pudo saber que a raíz del escándalo la oposición en Jujuy insiste con la renuncia de Alvarez García al Ministerio de Trabajo de Gerardo Morales y solo un rumor afirmaba que había presentado su dimisión a consideración del Gobernador. Como reveló Ámbito, el sistema informático de la embajada da cuenta de la recepción de un envío en la fecha y características de remitente como la denunciada por el gobierno de Arce, que ratificó que además, cuenta con el original de la misiva con sellos bolivianos y argentinos.

El 12 de noviembre de 2019, Yavorski amplió el pedido de autorización a ANMAC y agregó a la lista 70.000 cartuchos AT 12/70 Anti Tumulto de Fabricaciones Militares y 100 spray gas pimienta.

Pero el dato más curioso al que pudo acceder Ámbito es la nota fechada hace casi un año -el 15 de julio de 2020- que da cuenta que todo ese arsenal fue utilizado durante la misión, por lo que se dejó asentado que no re ingresaba al país, conforme había autorizado su salida la ANMAC. Allí, el Director de Operaciones, comandante mayor Carlos Miguel Recalde -ya durante la gestión de Sabina Frederic- dirigió la nota NO-2020-45257466-APN-DIROPER GNA a Daniel Gustavo Mendoza, en referencia a “Agrupación Fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional”. El envío estaba dirigido a la Dirección de Servicio Administrativo Financiero de Gendarmería, específicamente a “Contrataciones”.

“Dada la conmoción que se vivía en ese entonces en dicho país y a los efectos de cumplir con la misión y funciones asignadas para el normal desarrollo de las actividades diplomáticas, fue necesario que el personal mantuviera la capacidad operacional y suficiente destreza al más alto nivel”, indicó Recalde sobre la misión de los Alacranes que se extendió de Noviembre del 2019 a Junio de 2020. “Por lo expuesto precedentemente, a los efectos de mantener y acrecentar las capacidades, se realizaron ejercicios de entrenamiento y prácticas de tiro con el armamento que fuera llevado en comisión. En dichas instrucciones se emplearon la cantidad de 70 mil cartuchos calibre 12,70 MM A/T”, dejó asentado. La ANMAC había extendido una autorización que tenía como límite 90 días corridos, plazo que supuestamente se excedió.

Y a continuación solicitó que se dé de baja esa cantidad de material de los sistemas de Gendarmería (como inventario), que se informe a las “autoridades aduaneras” -ahora bajo la órbita de Silvia Traverso y que también “se informe a la ANMAC del consumo de la cantidad de 70 mil cartuchos calibre 12,70 MM A/T”. Es decir que en promedio habrían utilizado para “prácticas” unos 10 mil cartuchos por mes desde que se establecieron en Bolivia, lo que arroja un promedio diario de 333, destinados a los 10 efectivos que componían el grupo de elite de Gendarmería. El problema es que del armamento que llevaron, declarada su salida a la ANMAC y su reingreso en junio 2020, contempla una sola escopeta capaz de utilizar cartuchos de ese calibre.

¿Es factible que se hubieran utilizados todos los cartuchos en entrenamientos con una sola arma como consignó Gendarmería? Imposible sin dejarla inutilizable. En diciembre 2020, Recalde resultó ascendido: pasó a ser el nuevo comandante de la Región IV de Gendarmería en Tucumán. El documento que revela Ámbito lo coloca justificando el faltante que el gobierno de Bolivia denunció que quedó en su territorio para ser utilizado durante el golpe de Estado.

Tampoco hay pistas sobre alguna verificación especial de Aduanas realizada al momento de la salida del Avión Hércules C-30 que llevó al Grupo Alacrán y que partió de la base aérea de El Palomar. Por más que hubiese sido material sensible, existen desde Aduanas procedimientos para dejar asentado este tipo de operativos. Evo Morales replicó en su cuenta de Twitter una información que circulaba durante el fin de semana por el sub mundo de los servicios de inteligencia, pero que en realidad está fechada en febrero de 2020. Allí se consigna -de manera inquietante- el nexo entre la

CIA de los Estados Unidos con la AFI Argentina para recolectar información a través de sus delegados en Bolivia. Deja expuesto a quien era el jefe de la Estación de la AFI en La Paz José Sánchez con el objetivo de recopilar información sobre Morales y sus funcionarios. En “La Casa” sostienen que ese tipo de “colaboraciones” entre agencias existían desde el gobierno de Carlos Menem y más que una tarea de cooperación se enmarcaba en una relación de sumisión a requerimientos de la CIA.

Indican también que por funciones y centralidad, durante la era Macri, el encargado de recibir o viabilizar las autorizaciones para los delegados descansaban en el poderoso exjefe de Gabinete de la AFI, Dario Biorci, cuñado de la ex Señora 8, Silvia Majdalani. Como se ve, el escándalo de dimensiones internacionales podría escalar.

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