Por el Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad. El Gobierno de Jujuy ya publicó en el Boletín Oficial el decreto N°3768/2021 que en su artículo 1° establece que, “Dispónese la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19 para todos los agentes dependientes de la administración pública provincial, entidades autárquicas, organismos descentralizados y centralizados, empresas y sociedades del estado cualquiera sea su situación de revista y lugar en que presten servicios.”
El decreto establece una obligación de vacunación cuando la vacuna del covid-19 no ha sido establecida como obligatoria por el ministerio de Salud de la Nación.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda aclararon que lejos de una postura antivacunas para la izquierda la vacunación debería ser un derecho garantizado para toda la población multiplicando los puestos de salud por toda la provincia para acceder a la vacuna contra el covid-19. Hasta el momento solo el 15% de la población recibió las dos dosis, mientras el 51 % recibió una sola dosis.
En este sentido desde la izquierda manifestaron su rechazo al decreto por considerar que impone la obligatoriedad de la vacunación, cuando las autoridades nacionales de la salud no han tomado aún la decisión de incluirla en el Calendario de Vacunación, puesto que se trata de vacunas en desarrollo y fueron aprobadas de emergencia. Advirtieron que las vacunas solas no cortan la circulación viral, y menos aún, si se permite la circulación de nuevas variantes.
Medidas de salud integrales
La izquierda resaltó que tal como indica el ministerio de Salud de la Nación en su sitio web, la vacuna no frena la pandemia, sino que es “una herramienta de prevención dirigida a reducir las formas graves y complicaciones del COVID-19. El impacto en la circulación viral y la interrupción de la transmisión requiere de la realización de estudios que lo demuestren.” Por eso, se necesita una política integral en materia sanitaria que incluye además de las vacunas y la liberación de las patentes para producir sin estar atados a los negocios de los laboratorios, como también que se cumplan las medidas no farmacológicas adecuadas para atacar activamente la epidemia y de esta forma se implementen recursos para un plan de testeo, rastreo y aislamiento, barbijos n95 para todos -esencial frente a las nuevas variantes más contagiosas-.
Este tipo de política ningún Estado la aplica puesto que pone en discusión los presupuestos que en el caso de Argentina vienen con fuertes recortes debido a la orientación de garantizar el pago de la deuda pública, incluso el caso de Jujuy donde diputados de la UCR y el PJ votaron un recorte nominal de 1.000 millones de pesos sobre el presupuesto de salud para el 2021, afirmaron desde la izquierda.
Contra los trabajadores
Morales aprovechó el anunció de TV del domingo para aclarar que los trabajadores que no presenten su certificado de vacunación por covid-19 (al menos una dosis) no podrán asistir a sus lugares de trabajo por lo que la inasistencia sería injustificada y le descontarían los días de su salario. Este es el artículo 3°.
Siguiendo la política de vacunación obligatoria, Morales, anunció para este miércoles la firma de otro decreto por el cual todas las personas mayores a 18 años que usen el servicio de transporte público (taxis, remisses y colectivos) deberán presentar el carnet de vacunación. Esta medida atenta claramente contra la libre circulación de las personas reforzando el carácter coercitivo del Estado. Incluso fuentes oficiales sostienen que extenderían la vacunación contra el covid-19 como requisito al ingreso a espectáculos, bares y confiterías.
Para la izquierda con este decreto le dan más poder al Estado para ir contra los trabajadores, intimidarlos y profundizar la pérdida de derechos que se viene dando durante los últimos años.
Al respecto abogados laboralistas como Matías Cremonte, expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), consultado por Ámbito Financiero relativizó la potestad sancionatoria en estudio: “más allá de lo que cada uno piense del que no se quiere vacunar, hoy no hacerlo es todavía un derecho. Por ende nadie debería ser sancionado o despedido de su trabajo por no hacerlo”. Respecto a las sanciones laborales sostuvo que “si un trabajador no vacunado se pone a disposición y es el empleador el que no quiere que vaya a trabajar tampoco puede haber una consecuencia que lo perjudique, ni disciplinaria ni salarialmente porque cumple con su obligación de poner su fuerza de trabajo a disposición de quien lo contrató”.
Otras repercusiones
Luego de las declaraciones del gobernador Morales las cámaras de empresarios del comercio y la unión de empresarios se pronunciaron a favor aunque advirtieron que no pueden aplicar el decreto. Desde el ámbito sindical, Matías Brizuela de ATE Jujuy manifestó su acompañamiento al igual que el titular del gremio mercantil, Miguel Mamaní, quien exigió garantizar la vacunación masiva del personal de comercio; mientras por su parte, Susana Ustárez de APOC indicó que el miércoles otros gremios estatales tomarían una posición sobre el decreto del Poder Ejecutivo provincial.