A nadie le gusta andar por la calle y tener que desviarse por una manifestación. Ni en Jujuy ni en Hamburgo ni en Tokio. Pero existe el derecho a la protesta, reconocido no solo en legislaciones domésticas sino además en convenios internacionales suscriptos por una buena parte de países, entre ellos la Argentina, país del cual forma parte la provincia de Jujuy.
Lo recuerda el Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias de la ONU en su informe sobre la situación de Milagro Sala. Señala que “las reuniones pacíficas” son “fundamentales para el desarrollo democrático, económico, social y personal”, que “contribuyen positivamente al desarrollo de sistemas democráticos”, que “permiten exigir cuentas a los gobiernos y expresar la voluntad del pueblo como parte de los procesos democráticos”, que “desempeñan un papel decisivo en la protección y promoción de una amplia gama de derechos humanos”, que “dan mayor resonancia a las voces de las personas marginadas o que presentan un mensaje alternativo a los intereses políticos y económicos establecidos” y que “son un medio de comunicación no solo con el Estado, sino también con otros interlocutores como las empresas, las instituciones religiosas, educativas y culturales, y la opinión pública en general”.
Repasando: las manifestaciones son parte del ejercicio democrático, obligan a los gobiernos a dar explicaciones sobre sus actos, le dan voz a los que no tienen voz –sobre todo a quienes se oponen a los poderes establecidos-, y permiten abrir canales de diálogo con el poder público, las empresas o cualquier tipo de institución.
Es claro que las personas comunes no tienen obligación de andar estudiando legislación ni pactos internacionales para expresar sus opiniones. Las personas comunes pueden quejarse de las movilizaciones y protestas callejeras, pueden incluso invocar su propio derecho a transitar y reclamarle al Estado que se lo garantice.
Pero el Estado no puede apoyarse en esas expresiones voluntaristas para ejercer acciones públicas contra quienes protestan. Lo que tiene que hacer el Estado es resolver el intrínguis, porque se enfrenta por lo menos a las dos demandas, respetando los derechos de todos, aun cuando parece haber alguna contradicción.
Caminar tranquilo por la calle, poder estacionar en cualquier lugar –que esté permitido, desde luego-; gozar de la ausencia de cánticos, explosiones de petardos y bombos, es una aspiración legítima, incluso para aquellos que suelen participar de movilizaciones.
También es un derecho salir a protestar cuando las políticas públicas desoyen reclamos; cuando las instituciones del Estado le dan la espalda a las necesidades de ciertos grupos; cuando algún colectivo va quedando excluido de los debates y de las condiciones de vida fundamentales para la subsistencia.
Es antiguo el reclamo en Jujuy para que se terminen los cortes de calles y de rutas, las manifestaciones, las quemas de neumáticos, la ocupación del espacio público por parte de quienes demandan una variopinta diversidad de cuestiones.
Cuestiones tan diversas como centrales en la vida democrática: trabajadores por salarios, organizaciones sociales por trabajo, minorías contra la discriminación, mujeres contra la violencia, estudiantes por mejores escuelas, taxistas contra la competencia desleal… Todas estas, mas no solamente, demandas que se dirigen a alguno de los poderes del Estado.
Solo falta que salgan a la calle los que reclaman que se terminen los cortes de calles.
El reclamo para que no haya más cortes -si cabe, entonces- debe estar dirigido, antes y ahora, a los poderes del Estado, que deben llevar adelante acciones para evitar las movilizaciones.
Evitar, y no impedir. Acallar, y no reprimir. Neutralizar de la única manera democrática y civilizada: escuchando, atendiendo las demandas, proponiendo caminos que apunten a la satisfacción de las necesidades y, finalmente, resolviendo los problemas.
Sin embargo, para que terminen los cortes de calles, el gobierno de Jujuy necesitó meter presa a Milagro Sala de forma irregular. Quizás porque el gobierno no tiene la capacidad de resolver los conflictos que todo gobierno debe enfrentar.
Ya sea por incapacidad o por puro resentimiento, la estrategia del gobierno de Jujuy se revelará más temprano que tarde como un error con un alto costo político, no ya para el propio Gerardo Morales sino, sobre todo, para un sector de la clase dirigente que no supo, no sabe y ojalá alguna vez aprenda a respetar y hacer respetar los derechos de todos, aun de los que le proponen desafíos y demandas con la única herramienta de la que disponen: salir a la calle.